Más de mil 600 investigadores adscritos a universidades privadas se quedarían sin los estímulos del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) con la reforma al reglamento planteada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que los dejaría fuera del sistema, de acuerdo con el anteproyecto elaborado por la institución que dirige María Elena Álvarez-Buylla.

La medida, apenas representa para el Conacyt un beneficio anual de 29 millones de pesos, equivalente al 0.52 por ciento de su presupuesto para el 2021, según la proyección de costos y beneficios de la propia dependencia.

La expulsión de los mil 632 investigadores del sector privado, de acuerdo con la documentación que el Conacyt presentó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer), se justifica porque se plantea otorgar dos beneficios para los del sector público, quienes ahora serían los únicos elegibles para los apoyos.

De esta forma, el costo de 125 millones que el Conacyt pretende "ahorrarse" sin los investigadores del sector privado, se expone como inferior al beneficio de 154 millones que se necesitan para extender la vigencia de investigadores del sector público por paternidad o adopción, ya no sólo por maternidad, además de quitar la restricción de que los candidatos rechazados puedan participar en tres convocatorias consecutivas.

La modificación que haría esto posible se encuentra en el artículo 62, fracción 1, del anteproyecto, en donde se limitan todos los apoyos a: "las y los integrantes del SNI que estén adscritos a alguna institución pública de educación superior o centro de investigación del sector público en México".

El reglamento vigente, reformado por la presente Administración apenas en septiembre del 2020, otorga prioridad a los científicos de instituciones públicas, pero también incluye como posibles beneficiarios a los investigadores de los sectores social y privado de instituciones inscritas en el Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECYT).

De acuerdo con la dependencia, el RENIECYT cuenta actualmente con 191 registros de investigaciones privadas cuyos autores perderían la posibilidad de recibir apoyos del SNI.

La expulsión de este sector del sistema afectaría a los científicos de instituciones educativas como la Universidad Iberoamericana, el ITAM, el Tecnológico de Monterrey, la Universidad Panamericana, además de otras instituciones como el Hospital ABC.

Esta medida ya ha sido calificada como discriminatoria por investigadores tanto del sector público como del privado, además de que su efectividad ha sido refutada por organismos como la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

"(El apoyo a instituciones particulares) ha generado resultados positivos para la ciencia nacional: las universidades particulares cuentan hoy con el 4.6 por ciento de los investigadores y generan el 10 por ciento de las publicaciones arbitradas SCOPUS, además del 8 por ciento de las patentes nacionales", asegura la FIMPES.

El anteproyecto que modificaría el reglamento del SNI continúa en el proceso de ser aprobado por la Conamer para, posteriormente, poder ser promulgado por el Ejecutivo.

Buscan reformar a la 'brevedad'


El Conacyt solicitó a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) dar al anteproyecto el periodo mínimo de publicidad posible para tratar de llevar a cabo su reforma al reglamento del SNI de la manera más rápida.

Asimismo, justificó haber consultado al grupo de afectados por la reforma, constituido por 33 mil 165 investigadores de todo el País, apenas con una única reunión entre autoridades de la dependencia y el Consejo Consultivo de Ciencias, y con un seminario en la Facultad de Derecho de la UNAM.

Lo anterior queda patente en la documentación entregada por el Conacyt a la Conamer, firmada por el oficial mayor de la dependencia, Noé Ortiz.

"Se solicita que, en términos del artículo 73, último párrafo, de la Ley General de Mejora Regulatoria, el anteproyecto tenga plazos mínimos de publicidad y no sea sometido al periodo normal de consulta pública, toda vez que se requiere la publicación de dicho Acuerdo a la brevedad posible", pidió el Conacyt.

La justificación del Consejo para llevar a cabo este proceso con tanta celeridad y poco espacio para la consulta es que el reglamento es necesario para la operación de todo el SNI, pero, salvo por el beneficio total de apenas 29 millones de pesos, no hay otra explicación de la urgencia.

La Conamer aprobó tanto la solicitud de los plazos mínimos de publicidad como que no fuera sometido al periodo normal de consulta.

'Es claramente discriminación'

Para el químico y nanotecnólogo Miguel Ángel Méndez, investigador SNI Nivel 2 de la Universidad de las Américas Puebla, la posibilidad de que los investigadores de universidades privadas sean excluidos del SNI "es claramente un acto de discriminación y las justificaciones que el propio Conacyt ha lanzado tienen más que ver con cuestiones presupuestales".

Los beneficios económicos marginales de esta reforma, apunta Méndez, no justifican realmente su aplicación.

"No es realmente una justificación, es una excusa para tratar de evadir una responsabilidad legal, ya que, al paso del tiempo que el SNI ha existido, ésta ha sido una demanda de una parte de la comunidad: el poder tener los mismos derechos reconocidos, porque lo que sí tenemos bien reconocidas son las obligaciones y las hemos cumplido", señala.

A lo largo de su carrera dentro del SNI, al que ingresó en 2002, Méndez ha trabajado en múltiples proyectos de investigación y ha realizado casi 90 publicaciones internacionales, además de haber formado a más de 70 alumnos de licenciatura y posgrado.

De acuerdo con la FIMPES, el trabajo de los investigadores de instituciones privadas beneficia a 38 mil estudiantes de posgrado de manera directa y enriquece la experiencia universitaria de más de 262 mil.