El presidente de la república Andrés Manuel López Obrador presentó los términos de la consulta popular para validar la conclusión del gasoducto y la operación de la planta termoeléctrica del Proyecto Integral Morelos.

Indicó que el domingo estará en la ciudad de Cuautla para hacer el anuncio oficial y el ejercicio tendrá lugar los días 23 y 24 de febrero, en nueve municipios de Tlaxcala, 15 de Puebla y todo el estado de Morelos.

Dijo que adicionalmente, se plantearán siete medidas para resarcir los daños y la represión que se han generado contra campesinos y activistas, desde que arrancó el proyecto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Las acciones incluyen bajar los cobros por consumo de energía a las tarifas más bajas existentes en todos los municipios por los que pasa el llamado gasoducto Morelos y donde se ubica la planta termoeléctrica.

También se ofrece el revestimiento de canales principales, la rehabilitación de canales secundarios y el entubado de canales terciarios, con una inversión tripartita entre Conagua, Ceagua de Morelos y los ejidatarios.

Además, se planteará la ampliación de la red de colectores de aguas pluviales en Cuautla, el aumento en la capacidad de la planta de tratamiento de agua residual en dicha ciudad y la rehabilitación de dos plantas más que actualmente están abandonadas.

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Igualmente, se solicitará el apoyo de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), para tecnificar el riego en 32 ejidos y 12 propiedades rurales, así como otorgar apoyos de 40 mil pesos por hectárea para terrenos con riego por goteo.

También se plantean esquemas de colaboración para aumentar la capacidad de recolección de agua e inversiones adicionales por 93 millones de pesos por parte de la Comisión Federal de Electricidad.

El mandatario aseveró que además de la inversión de 22 mil millones de pesos, dejar que se pierda esta planta implicaría pérdidas diarias por tres mil millones de pesos.

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López Obrador reconoció que hay protestas fundadas contra el gasoducto y su operación, debido a la mala actuación de gobiernos anteriores pero aseguró que la operación de la planta es segura.

Además, acusó que en otros casos, se han detectado a grupos ambientalistas financiados por empresas que buscan no tener competencia, especialmente, cuando se trata de inversiones hechas por el Estado.