Para el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta, administraciones estatales pasadas solaparon el desfalco de la Fundación Mary Street Jenkins, lo que ha quedado evidenciado cuando un juez de Control de Almoloya de Juárez, Estado de México, giró órdenes de aprehensión en contra seis miembros de la familia Jenkins por participar en el lavado de 14 mil millones de pesos propiedad de la esta organización altruiste.

Cabe recordar que la justicia federal busca a Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, así como contra Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins por despojar de su patrimonio a la Fundación.

Según lo revelado por Forbes México, la investigación realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) demostró que William Oscar Jenkins constituyó una fundación Mary Street Jenkins y estableció que su capital serviría sólo para realizar actos de beneficencia o caridad para las comunidades de Puebla, por lo que a su muerte sería la única y universal heredera, sin dejar herencia alguna ni dinero a sus hijos.

Por ello, la familia Jenkins de Landa junto con otras personas despojaron a la Fundación Mary Street Jenkins de un patrimonio, mediante una donación simulada en favor de Fundación Bienestar de Filantropía, institución controlada por dicha familia.

Al respecto, el mandatario poblano reveló que los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins se fueron de Puebla con la colusión de varios personajes del poder de administraciones pasadas.

Sin mencionar nombres, Barbosa Huerta dijo que hubo varios personajes participaron en el retiro de los recursos de la Fundación, lo cual tendría que estar documentado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Pública en Puebla lo cual no se hizo, pues hubo varias omisiones.

“Se los digo con franqueza, se fue de Puebla todo el recurso con la colusión de quien se imaginan, ya ni les digo, sí, de los hombres del poder, de cuando se dio este asunto, no podría ser de otra forma, porque hay una institución del gobierno del Estado que se encarga de vigilar el funcionamiento de las fundaciones y entonces hubo muchas omisiones”, expresó.

Por último, indicó que el litigio tendrá que resolverse entre los integrantes de la familia Jenkins, además que saldrán a la luz los nombres de políticos y académicos que estuvieron involucrados en este desfalco.