El Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República ubicó a Puebla y Tlaxcala entre las 17 entidades sin leyes de movilidad y seguridad vial, que son parte de la fase tres en la evolución de las normas que implica, entre otras cosas, ajustar los marcos normativos bajo principios ambientales, un nuevo modelo de transporte concesionado, medios alternativos e infraestructura digna.

Durante la presentación del informe sobre “Movilidad en México” rumbo a la aprobación de la Ley General de Movilidad, las especialistas del Senado analizaron este miércoles el avance y estatus de las leyes locales en la materia.

Encontraron que solo 15 entidades cuentan con leyes de movilidad como derecho humano; cuatro entidades, entre ellas Tlaxcala, están en la fase dos con leyes de movilidad divididas en leyes de transporte, tránsito y vialidad y 13, entre ellas Puebla, en la fase uno, con leyes de transporte y tránsito.

Sin embargo, en Puebla se reconoce constitucionalmente la movilidad como derecho humano tras las reformas de noviembre de 2020, modificaciones constitucionales que establecieron un plazo de 180 días para que el Congreso expidiera la Ley de Movilidad y Seguridad Vial.

Por otro lado, de las leyes estatales de transporte, la de Tlaxcala es la más vieja con 38 años de ser expedida en 1983, mientras que la Ley de vialidad de Guerrero es de 1989, la Ley de transportes de Chiapas se expidió en 1998 y la Ley de trasporte de Zacatecas en 2013.

Por su parte, las leyes más recientes y que garantizan la movilidad como derecho son las de Jalisco, Ciudad de México, Estado de México, Guanajuato, Colima, Coahuila, Aguascalientes, Quintana Roo, Hidalgo, Sinaloa, Oaxaca, Tabasco, Nayarit, Nuevo León y Baja California.

Pese a los avances en las 15 entidades, el derecho a la movilidad inició su proceso legislativo general en 2019 y finalizó en diciembre de 2020, con la inclusión de ese derecho en el artículo 4 Constitucional.

“Toda persona tiene derecho a la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad”, que implica otros derechos relacionados con la salud mental, ambiental, de seguridad y la vida.

El proyecto de Ley General de Movilidad que impulsa la senadora Patricia Mercado obligará a los Congresos estatales a armonizar sus leyes y expedir los reglamentos.