El acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es una tarea pendiente que se vuelve apremiante en esta emergencia sanitaria provocada por la COVID-19.

En el Día Mundial de la Alimentación, el CONEVAL señala la necesidad de garantizar que mexicanas y mexicanos tengan acceso a una alimentación nutritiva y de calidad, una tarea pendiente que se vuelve apremiante en esta emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. Para ello, es imprescindible que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 cuente con alternativas que mitiguen los efectos de la pandemia, específicamente, en el derecho a la alimentación.

Carencia por acceso a la alimentación previo a la contingencia por la COVID-19

De acuerdo con la medición multidimensional de la pobreza que realiza el CONEVAL cada dos años, el porcentaje de la población nacional con carencia por acceso a la alimentación pasó de 21.7% a 20.4% entre 2008 y 2018, lo que representa en términos de la población total de 24.3 a 25.5 millones de personas. La población hablante de una lengua indígena fue el grupo de población con un mayor porcentaje de esta carencia. Entre 2008 y 2018, pasó de 42.3% a 33.7%.

Consideraciones que podrían contribuir al acceso efectivo al derecho a la alimentación nutritiva y de calidad en el contexto de la enfermedad COVID-19

El CONEVAL realizó el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2021, en el cual se detalla que para la integración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) se deben contemplar los derechos sociales como elemento central del quehacer gubernamental. Por ello, identificó qué programas contribuyen al acceso efectivo a los derechos sociales y visibilizó su nivel de relevancia.

En este análisis, que fue entregado a la Cámara de Diputados, el CONEVAL identificó 30 programas relevantes para la atención del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad: 13 con fuerte contribución, 9 con mediana y 8 que contribuyen ligeramente. Esto quiere decir que de los 149 programas sociales que operan en 2020, poco más de 20% contribuyen al acceso efectivo de este derecho.

Los programas fuertemente relevantes son aquellos que los bienes o servicios que entrega el programa inciden en los indicadores del derecho a la alimentación nutritiva y de calidad, a través de alimentos y fomentan la variedad en la dieta, así como aquellos que incentivan la lactancia materna, atienden el sobrepeso y la obesidad en adultos de 20 años o más. Asimismo, se consideran programas como fuertemente relevantes por su contribución en el indicador de Carencia por Acceso a la Alimentación y/o el indicador de Bienestar Económico (Ingreso), ya que un aumento al ingreso corriente permite el acceso al consumo de alimentos. En el caso del Bienestar Económico se consideran los programas que contribuyen al ingreso monetario y se excluyen los programas que afectan los flujos no monetarios del hogar.



El CONEVAL define en el documento Consideraciones para el proceso presupuestario 2021, las siguientes medidas para su atención:

Consolidar la política nacional en torno al derecho a la alimentación, ya que actualmente esta se encuentra fragmentada en diversas estrategias e iniciativas desarrolladas de manera independiente una de otra y poco vinculadas entre sí.

Garantizar que todas las personas tengan acceso a una alimentación nutritiva y de calidad es una tarea pendiente, y que se vuelve más apremiante considerando que actualmente se enfrenta la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad COVID-19. En este sentido, es pertinente considerar nuevas necesidades, debido a que las medidas de distanciamiento para evitar la propagación de la enfermedad podrían ocasionar alteraciones en las cadenas de producción y distribución, lo que afectaría, además, el comportamiento de los precios del mercado.

Se debe garantizar la operación del Programa Abasto Rural (Diconsa), que distribuye 23 productos contenidos en la canasta básica en localidades de alta o muy alta marginación y el Programa de Abasto Social de Leche (Liconsa), esto con las medidas sanitarias adecuadas.

Fortalecer el Programa de Precios de Garantía que compra maíz y frijol a productores locales y pequeños, mismo que se vende en las tiendas Diconsa, lo cual ayudaría a que los productores mantengan su ingreso y aseguraría que las tiendas Diconsa cuenten con el abasto suficiente de estos productos para venderlos a precios accesibles.

Es deseable que los programas que brindan servicios de alimentación en las escuelas, como el programa Escuela de Tiempo Completo (SEP) y el Programa de Apoyo a la Educación Indígena (INPI) otorguen despensas a las familias beneficiadas mientras las escuelas se encuentran cerradas.

En tanto dure la emergencia podría implementarse un programa con características similares a la Tarjeta Sin-Hambre, que era operada por Diconsa, la cual otorga un apoyo económico a familias de escasos recursos para comprar alimentos y artículos de primera necesidad a precios accesibles.

Disminuir la alta prevalencia de anemia que persisten en ciertos grupos específicos, como es el caso de los adultos mayores, mujeres en edad fértil y embarazadas.

Promover una cultura alimentaria que favorezca el consumo de alimentos, cuya composición y tamaño sean adecuados y saludables. Aunado a esto, es necesario crear estrategias de educación y comunicación para que la población tenga acceso a información clara y oportuna sobre salud, nutrición, alimentación y adopción de estilos de vida saludables.

Desincentivar el consumo de productos ultra-procesados con alto contenido de azúcar, sal y grasas para combatir la obesidad y otros padecimientos asociados.

La información sobre el derecho a la alimentación nutritiva y de calidad y sobre la carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad en Consideraciones para el proceso presupuestario 2021 puede consultarse en: https://bit.ly/36E9JpO y https://bit.ly/3jAPRrb, respectivamente.