El gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta tendrá que enfrentar la resolución de, aproximadamente, mil 200 demandas laborales por los despidos orquestados en las administraciones de Rafael Moreno Valle Rosas y José Antonio Gali Fayad.

Así lo estimó Abelardo Cuéllar, próximo secretario estatal del Trabajo, quien explicó que se prevé que 25 por ciento de esos procesos alcancen una sentencia a lo largo de esta semana.

Durante una entrevista, subrayó que hasta ahora solo se tienen datos extraoficiales al respecto y será hasta que inicie la entrega-recepción con Jaime Oropeza Casas, titular de la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade), que se conozcan datos más precisos.

"Vamos a pedir informe a del estado procesal de todos los expedientes laborales y del estado que guardan actualmente estos asuntos y de lo que representa en pesos para el estado", indicó.

Agregó que toda esta información será transparentada, así como el número de casos que ya lograron laudos a favor y aquellos que han sido bloqueados en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje para que no tengan una resolución.

Sin embargo, advirtió que de confirmarse el número de casos con resultados a favor de los promoventes, la administración estatal estaría obligada a pagar alrededor de dos mil millones de pesos a los ex burócratas.

En ese marco, el también integrante del equipo de transición por parte del gobernador electo, subrayó que si esos casos se mantienen congelados, el impacto económico del gobierno también sería mayor.