Legisladores del bloque de Juntos Haremos Historia e integrantes de la comisión Inspectora del Congreso del Estado, condenaron que el rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Alfonso Esparza Ortiz, no tenga “disposición” para participar en una mesa de trabajo y sepa los argumentos que permitieron aplicar una auditoría preventiva a la institución educativa.

La diputada local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucia Romero Garcicrespo, puntualizó que la auditoría preventiva no es exclusiva para la BUAP, sino para otros 21 sujetos obligados sobre la forma en cómo gastaron el recurso público 2019.

“La fiscalización no implica intromisión a la libertad de autogobierno, autoadministración y autonomía de la BUAP (…) Es ampliamente impreciso y engañoso calificar al acto de fiscalización como una vulneración al principio de autonomía”.

La también titular de la comisión Inspectora, además de la legisladora del Partido Encuentro Social (PES), Mónica Lara Chávez, sentenciaron que el rector Alfonso Esparza Ortiz, tiene el derecho de ampararse ante las instancias correspondientes para evitar la fiscalización de los recursos.

Sin embargo, Romero Garcicrespo sentenció que la Auditoría Superior de la Federación (ASE), tiene las facultades de fiscalizar recursos federales; por lo tanto, rechazó la postura del Consejo Universitario de la BUAP, sobre que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es la única responsable de dicho acto.

Mencionó que entre los 21 sujetos que tienen la auditoría preventiva se encuentran: Congreso del Estado, Secretaría de Salud, BUAP, CAPCEE, ayuntamiento de Puebla, ayuntamiento de Tehuacán, entre otros.