La discriminación que sufren los trabajadores de salud por convivir con pacientes que tienen el COVID-19, derivaría que los ciudadanos responsables de este escenario vayan a prisión de 1 hasta 3 años.

Lo anterior se refleja en el artículo 357 del Código Penal de Puebla, donde se explica que adicional a las penas de cárcel, el responsable de la discriminación también pagaría una multa de 61 mil 610 pesos.

“Se aplicará prisión de uno a tres años y de cien a quinientos días de multa a todo aquél que, por razón del origen étnico o nacional, raza, género, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, preferencias sexuales, apariencia fisica, estado civil, creencia religiosa, ideología política, opiniones expresadas o cualquier otra que atente contra la dignidad humana, la libertad o la igualdad”.

Este martes Urbano Puebla documentó mediante un testimonio, como enfermeras viven escenarios de discriminación, luego de no poder subir al transporte público por miedo de los choferes para contagiar a los usuarios mientras se trasladan al hospital de La Margarita.

Ante este escenario, el Código Penal también cataloga como discriminación cuando se niega a una persona un servicio o una prestación a la que tenga derecho, tomando en cuenta que todo ciudadano tiene derecho a los servicios o prestaciones que se ofrecen al público en general.