Analiza FGE usar Protocolo de Estambul para ayudar a víctimas de tortura

Puebla se convertiría en el tercer estado en instrumentar esta guía elaborada por expertos de 40 organizaciones de 15 países
En: Seguridad 
El fiscal de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) Ulises Sandal Ramos Koprivitza no descartó utilizar el protocolo de Estambul para documentar e investigar el delito de tortura como lo hizo en su paso por la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México.

Con ello Puebla se convertiría en el tercer estado en instrumentar este protocolo para detectar estrés postraumático en víctimas de tortura.

En entrevista de medios en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el fiscal explicó que la investigación de los casos de tortura serán realizados por la Fiscalía Anticorrupción pero las Fiscalías estatales podrán colaborar.

“El protocolo de Estambul es un instrumento que coadyuva y no por si solo determina la existencia o no de estrés post traumático en víctimas que pudieran ser sujetas a hechos de tortura”, dijo.
Por otra parte comentó que la FGE cuenta con 24 interpretes de dialectos indígenas que colaboran con las investigaciones y procesos de judicialización y que en breve se acreditarán otros 24 interpretes más.

Ramos Koprivitza llegó a la FGE el pasado 2 de agosto luego que María Eugenia Calderón Olimán fue designada Fiscal Anticorrupción.

El Protocolo de Estambul es una guía que contiene las líneas básicas con estándares internacionales en derechos humanos para la valoración médica y psicológica de una persona que se presuma o haya sido víctima de tortura o algún mal trato. Su aplicación requiere reconocer el contexto en el que se dan los hechos, es decir, realizar una investigación psicosocial, puesto que cada caso es diferente, según Código Derechos Humanos

Este Manual para la investigación y documentación de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, fue elaborado por más de 75 expertos representando a más de 40 organizaciones de 15 países. Este fue presentado al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos el 9 de agosto de 1999 y fue adoptado en el año 2000.

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