En 2018, Puebla se convirtió en el “foco rojo” a nivel nacional en violencia política de género, pues en las pasadas elecciones federales se interpusieron 15 denuncias en la materia; los principales responsables de esos actos violentos son medios de comunicación y dirigentes o militantes del partido al que pertenecen.

Así lo manifestó Natalí Hernández Arias, directora del Centro de Análisis, Formación e Iniciativa Social (CAFIS), al presentar los resultados del Diagnóstico Multidimensional de Violencia Política contra las Mujeres en las Elecciones Federales 2018 en Puebla.

En el evento, destacó que el 81 por ciento de las excandidatas a diputadas federales, de las 32 que participaron en el estudio-- aseguró que tuvo conocimiento de ese tipo de casos, pero la mayoría no fueron denunciados.

Explicó que un 62.5 por ciento de las encuestadas entiende que sufrió algún tipo de violencia política durante su precampaña y campaña política el año pasado; un 15.6 por ciento dijo no estar segura de haberla padecido y un 21.9 por ciento aseguró que no fue víctima.

NÚMERO DE VÍCTIMAS PODRÍA SER MAYOR

No obstante, el 54.9 por ciento de las entrevistadas admitió que tiene nociones muy básicas sobre la violencia política de género, por ello, la especialista consideró que el desconocimiento del fenómeno indica que el número de víctimas podría ser mayor, pues no reconocer este tipo de violencia significa que no pueden identificarla, enfrentarla ni denunciarla.

Los principales factores por los cuales las mujeres que se desarrollan en el ambiente político estatal y nacional consideran son discriminadas son: la apariencia física (21.9%); el nivel educativo (16.7%); la edad (16.7%); la condición socioeconómica (15.6%); el embarazo, la lactancia o la maternidad (11.5%) y la orientación sexual (9.4%).

En tanto, los tipos de violencia política más recurrentes con los que se toparon las excandidatas son: la difamación, ridiculización o burla 20.4%; el menosprecio o nulificación de su trayectoria política y social 20.3%; la invisibilización de sus campañas 17.6%; y la vivencia de un ambiente hostil en el interior del partido 13.6%.

Asimismo, actos como el acoso u hostigamiento sexual; la extorsión o el chantaje; la difusión en medios de comunicación y/o redes sociales de datos personales o sensibles; los gritos, insultos y otros actos de naturaleza sexista, registraron cada uno 4%; mientras que las amenazas de supuestos miembros del crimen organizado 1.3%.

Las excandidatas señalaron como principales responsables de esos actos violentos a los medios de comunicación con 26.9 por ciento y a los dirigentes o militantes de su propio partido 23.1 partido.

Sin embargo, el 19.2 por ciento consideró que la ciudadanía también generó agresiones; un 15.4 por ciento responsabilizó a sus contrincantes políticos; 11.6 por ciento a los dirigentes o militantes de otros partidos y sólo 3.8 por ciento a los funcionarios vinculados a organismos electorales.

Un 50 por ciento de las que actualmente ocupan una diputación federal manifiestan que una vez en el cargo fueron presionadas para beneficiar los intereses de determinados grupos políticos, actos con los que se coarta su libertad y autonomía en el ejercicio del poder.

Actualmente Puebla cuenta con 10 diputadas federales: Susana Beatriz Cuaxiloa Serrano, Nelly Maceda Carrera, Inés Parra Juárez, Julieta Kristal Vences Valencia, Lucero Saldaña Pérez, Claudia Báez Ruiz, Nayeli Salvatori Bojalil, Lizeth Sánchez García y Maiella Gómez Maldonado y Verónica María Sobrado Rodríguez.

MUJERES ESTÁN DESPOLITIZADAS

Hernández Arias criticó que Puebla es uno de los dos estados del país que no ha tipificado como delito la violencia política de género, junto con Guerrero, situación que complica el combate de esa práctica, por lo que “al no haber un marco legal que provea de mecanismos para denunciar las mujeres quedan desprotegidas frente a esta serie de formas sexistas”.

De cara a las elecciones de 2021, señaló que el escenario será “complicado”, pues partidos siguen utilizando la paridad para “cumplir con cuotas”, pero no para ceder privilegios.

“Las mujeres siguen estando despolitizadas frente a la paridad (…) a los partidos no les interesa que mujeres tengan autonomía, ejerzan poder o recursos y decidan sobre la política de nuestro país y estado, solo cumplen con cuotas”, expresó.

Por ello, consideró necesario que al interior de los institutos políticos se regule y fiscalice la formación de liderazgos de mujeres.

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