En cada una de nuestras colaboraciones hemos dado cuenta sobre la grave situación de violencia que enfrentamos las mujeres en Tlaxcala, México y el mundo; la violencia sistemática, sistémica y estructural que vivimos ha impactado en las vidas de al menos 6 de cada 10 mujeres en nuestro país, conociendo y leyendo con indignación, dolor enojo todos los días las diversas expresiones de violencia feminicida que se ejerce en contra de nosotras.

Este 2020 iniciamos los primeros días con notas en medios electrónicos que dan cuenta de las realidades en las que vivimos en los espacios públicos, privados e institucionales. “Asesinan a Mujer de Un Balazo en la Cabeza en Motel de Ixtacuixtla”, el 2 de enero, y que posteriormente, darían a conocer que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) no investigaría como feminicidio, pues resolvieron que se trata de un suicidio, dando a conocer a los medios que “resultados de muestras sanguíneas del cuerpo arrojaron positivo para anfetaminas y marihuana”; el 6 de enero “Hallan Cuerpo de Mujer Envuelto en Cobijas en Apizaco”, donde al final de la nota cierran esta noticia diciendo: “Información preliminar refiere que a la mujer continuamente se le veía ingiriendo bebidas alcohólicas con otras personas”; y la tercera noticia que evidencia la cadena de violaciones a los derechos de las mujeres y niñas es el caso dado a conocer el 9 de enero con el titular “Otra de SESA, sangra 6 horas, muere y deja dos huérfanos” donde informan sobre “la primera muerte materna del año, siendo una adolescente de 19 años de edad la víctima”.

En todos estos casos se desconocen sus nombres, y casi han pasado desapercibidos, como si fuera parte ya de nuestro contexto estatal; además de que hace evidente las prácticas machistas existentes en la PGEJ, poniendo mayor atención en el uso de drogas, alcohol o el tipo de relaciones con otras personas que en lo complejo de la violencia feminicida que mantiene latente el peligro de desaparecer, ser asesinadas o colocadas en situación de muerte en cualquier espacio, en cualquier momento; justificando y minimizando desde las instituciones las violencias ejercidas en contra de las mujeres, no sólo dejando en la impunidad estos casos, sino que abona a mantener el desinterés social ante los feminicidios, desapariciones y a reproducir discursos misóginos de la ciudadanía, quienes preguntan en las redes “¿cuál fue el motivo?” (en el caso del feminicidio en Ixtacuixtla) o prefieren que se encuentren los cuerpos asesinados de mujeres reportadas como desaparecidas, como en otro comentario que decía que “de una desaparecida qué se puede esperar” y sancionan socialmente si aparece sin ningún daño.

Desde los espacios comunitarios, hasta los institucionales se ha normalizado la violencia feminicida en la que vivimos las mujeres; más allá de discutir sobre la evidente falta de capacidad en los hospitales comunitarios y sus prácticas negligentes, la violencia obstétrica que esto representa, o de sumar estadísticas al Secretario de Salud del Estado y del nivel de servicios de salud existentes en Tlaxcala, casi nadie se ha cuestionado sobre la edad en la cual vivió su primer embarazo la joven que murió después del segundo parto a sus 19 años, quedan huérfanos el recién nacido y un niño de tres años como resultado de un embarazo a sus 14 años, lo que muestra la falta de garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos de las niñas y adolescentes, que permita modificar estos contextos de violencia sexual a los cuales cientos de mujeres en nuestro estado se enfrentan desde la niñez y se les obliga a convertirse en madres siendo aún niñas o adolescentes en desarrollo, sentenciándolas a vivir vulneraciones de distintas índoles y en contextos precarizados que las mantiene en riesgos latentes. En palabras de Gloria Careaga sobre esta noticia “En México, te secuestran, te asesinan, o te dejan morir”, y como ya he referido en otros momentos, además, no pasa nada.

Los mensajes que envía la PGJE han sido de mostrar incapacidad y/o desinterés por garantizar la justicia para las mujeres que pasan por cualquier forma de violencia, pues desde la falta de protocolos especializados para tratar estas formas de violencia, las omisiones y las prácticas que obstaculizan cualquier proceso de investigación por violencia de género. Existe política pública a nivel federal que abonan a un adecuado trato de estas violencias, así como de prevención que debe adecuarse al contexto local, el problema no necesariamente radica en la existencia o falta de ésta, sino en la falta de prioridad que ha mostrado el Ejecutivo Estatal para garantizar un debido proceso y la disminución de la impunidad en nuestro estado desde la adecuada acción de las instituciones encargadas de la investigación, prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Pareciera que este año continuarán las mismas prácticas machistas, misóginas, omisas y feminicidas de nuestras autoridades, que junto con las malas prácticas de algunos medios de comunicación, tienen como objetivo seguir manteniendo la indiferencia, normalización y desinterés de la población para modificar nuestra realidad de peligro constante, que no nos permite vivir tranquilas y seguras; las deudas para las mujeres son muchas, nuestro derecho a una vida digna, plena y segura, es la primera gran deuda.