La modernización de unidades del transporte público y el equipamiento de seguridad no se cumplirá al 100 por ciento, así lo reconocieron concesionarios que conforman la Unión de Transportistas del Estado de Puebla (UTEP), encabezados por Arturo Loyola González.

Y es que según sus argumentos, desde que subió el pasaje no se dieron las condiciones suficientes para cumplir el plazo establecido por el gobierno del estado al 13 de febrero.

Tal es el caso del subsidio para los descuentos a estudiantes, personas de la tercera edad y discapacitados. Además, el aumento fue uno de los más bajos en comparación de lo que se cobra en otras partes del país, lo cual complicó contar con los recursos suficientes para atender el acuerdo.

Así lo admitió el representante Loyola González, quien reconoció que no se opondrán al retiro de unidades, multas o cancelación de rutas.

“La tarifa siguió quedando como una de las más bajas del país y por otro lado que los concesionarios se han hecho cargo del subsidio a los descuentos que estableció el gobierno del estado,” dijo.

Precisó que las condiciones tarifarias no resolvieron de fondo la problemática de los concesionarios, y menos cuando se tienen que hacer cargo del subsidio, la modernización de las unidades y la compra de equipos de seguridad.

Loyola González afirmó que los afiliados a esta organización están comprometidos a modernizar sus unidades, pero lo harán conforme se den las condiciones para hacerlo.

“Los transportistas van a cumplir con el convenio, pero no será al término del plazo el próximo 13 de febrero, porque hay algunas que son más rentables que otras, (…) se va a dificultar pero el compromiso ahí está,” por lo que apeló a la comprensión de las autoridades estatales y ciudadanos.

Indicó que esta estrategia será paulatina en los siguientes meses.

Reiteró que asumirán el proceso de acuerdo a sus posibilidades para lograr concretar un cambio que beneficie a los ciudadanos.

Señaló que en poco tiempo los poblanos contarán con un servicio seguro y de calidad, como lo dispuesto en la Ley General del Transporte y a la instrucción de la Secretaría de Movilidad.