Cuántas veces hemos escuchado que en política, la forma es fondo La frase del ideólogo priísta aplica a a niveles local, nacional e internacional. Y retomo estas palabras para analizar lo sucedido este fin de semana, con la detención del ambientalista, Miguel López Vega, representante comunitario y miembro del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua-Puebla, Morelos, Tlaxcala. El también concejal del Consejo Nacional Indígena (CNI) y defensor del Río Metlapanapa, fue detenido por elementos de seguridad cuando salía de las oficinas de la Secretaría de Gobierno.

Según un comunicado de la organización Cholula Viva y Digna, a López Vega lo detuvieron personas que viajaban en un vehículo oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE) que se hizo acompañar de un grupo de personas armadas dentro de un vehículo negro de vidrios polarizados. Según este boletín, basado en testimoniales, los agentes ministeriales “rodearon a Miguel y al resto de sus compañeros. Preguntaron por las identificaciones. Ellos negaron portar alguna.

Entonces preguntaron (otra vez): ¿Quién es Miguel López Vega? Miguel dijo: Soy yo. (En ese momento) Mostraron un papel, diciendo que se trataba de una orden de aprehensión y que sería trasladado al C5 que cruza con Cuatlancingo”.. La detención de este defensor, provocó el bloqueo de la carretera federal México-Puebla, por casi tres días Este domingo, en una mesa de diálogo con pobladores de Santa María Zacatepec, comunidad del municipio de Juan C. Bonilla, el secretario de Gobernación, David Méndez, aseguró que el Gobierno del Estado “no participó de forma alguna en las acciones que llevaron a su detención, ya que es un asunto de competencia de la Fiscalía General del Estado (FGE)”.

En teoría, la actuación de la FGE debe ser autónoma, sin dependencia del gobierno estatal. Es más, con base en esta explicación, los manifestantes que están en contra de las descargas residuales directas al río Metlapanapa, otorgaron una tregua, reabrieron la vía terrestre y esperan la imputación de delitos contra su compañero. Sin embargo, hay voces que señalan a López Vega como el primer preso político de la administración del gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Y cómo no, si la mula no era arisca, los palos la hicierton. Tenemos una larga cadena de casos similares, en los cuales los dirigentes de los movimientos sociales han sido aprehendido después de asistir a una reunión con funcionarios federales, estatal o municipales. Para muestra, ahí está Rubén Sarabia Sánchez, alias Simitrio, quien el 19 de diciembre de 2014, fue reaprehendido en las escaleras de la Secretaría de Gobernación Municipal de la ciudad de Puebla. Y como este botón, hay muchos otros en las administraciones priísta y panista. Por eso, cómo creer que el gobierno estatal no planeó la emboscada contra Miguel Vega.

Entiendo que los mandamientos judiciales no deben de cumplirse con tacto, que se ejecutan donde sea, que no cuidan las formas, porque su objetivo no es político. Pero, insisto, cómo olvidar el pasado. Es imposible. Es más, la FGE cumplió con la ley a cabalidad, es prácticamente un hecho que nadie va a creer que su actuación no tuvo tintes políticos. Hay otro refrán que dice: no hagas cosas buenas que parezcan malas. ¿Usted qué opina? Y recuerde: Nadie es completamente bueno ni completamente malo