La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que Puebla y Tlaxcala no elaboraron un programa estatal para identificar la problemática de violencia contra la mujer y la estrategia para abatirla, por lo que forman parte de las 17 entidades que no planearon las estrategias durante 2019, año de la política pública evaluada.

Según la auditoría 1369-GB sobre la “Política de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia”, solo 15 entidades elaboraron planes y políticas públicas definidas, mientras que las otras 17 actuaron sin estar alineadas al Programa Integral que señala la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia durante el periodo 2010-2019.

“La falta de programas estatales alineados fragmenta la intervención gubernamental y dificulta el avance en la reducción del problema, pero la implicación mayor es el riesgo de que mujeres se enfrenten a la violencia sin instituciones preparadas para atenderlas”, refiere el dictamen.

Lo anterior no solo obstaculizó los avances estatales en la erradicación y atención de la violencia de género, sino que ha impedido la correcta integración del Banco Nacional de Datos, además de que Tlaxcala no cuenta con una casa de atención o refugio para mujeres indígenas violentadas.

La ASF señaló que no fue posible identificar los informes anuales sobre las actividades de los gobierno de Puebla y Tlaxcala ni sobre los avances de los programas locales, lo que obligó a la auditoría a identificarlos a través de la Conavim e Inmujeres.

De los ocho informes acordes a las acciones basadas en la ley general en la materia, la ASF encontró que Puebla no informó sobre la conducción de la política pública ni sobre los casos de violencia atendidos durante el periodo de revisión.

Por su parte, Tlaxcala no informó sobre si existe coordinación municipal y estatal con las dependencias federales, tampoco hay registro de la conducción de la política pública, sanciones y seguimientos sobre la política pública para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.

La revisión de la política pública de 2019 además revela que la política estatal debe alinearse con la política nacional para elaborar un diagnóstico nacional y local sobre la violencia, elaborar un programa integral y programas estatales y municipales con perspectiva local y homologar las políticas públicas estatales y municipales con la federal.

Según el informe, entre 2010-2019 se entregaron a Tlaxcala y Puebla subsidios por 948 millones 221 mil pesos y mil 399 millones 846 mil pesos, respectivamente, para el diseño y aplicación de una política pública de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, mientras que el total nacional fue de 35 mil 574 millones 125 pesos en los últimos nueve años.

Por último, según los datos oficiales la ASF informó de un millón 950 mil 948 actos violentos contra mujeres durante los últimos nueve años; el 50 por ciento provocaron contusiones, heridas y malestar emocional, mientras que el resto se dividió en depresiones, golpes, luxaciones, aplastamiento, cicatrices, quemaduras y otros.

Por otro lado, el Sistema de Monitoreo del Comportamiento Violento que evalúa 34 criterios refiere que Tlaxcala obtuvo una puntuación de 19 a 20 puntos para garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia, mientras que Puebla obtuvo de 16 a 18 puntos.