Es la petición del Observatorio Latinoamericano al gobierno de Lorena Cuéllar Cisneros
El Comité del Observatorio Latinoamericano y Caribeño sobre Trata y Tráfico de Personas ha pedido al gobierno de Tlaxcala reconocer la problemática de la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y que existen y operan en la entidad redes nacionales e internacionales como un tipo de delincuencia organizada local que extiende sus tentáculos internacionalmente.
«Nunca será el camino adecuado anteponer la imagen local contra la garantía del derecho de las mujeres y niñas a vivir libres de violencia y explotación sexual», refiere el Comité en un pronunciamiento fijado durante la ‘Jornada de reflexión sobre la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y políticas públicas, organizado por el Centro Fray Julián Garcés Derechos Humanos y Desarrollo Integral.
El llamado está dirigido a la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y al secretario de gobierno, Sergio González, quienes han afirmado que en Tlaxcala no hay presencia del crimen organizado.
Al respecto, el Comité del Observatorio Latinoamericano lamentó que a pesar de las leyes y tratados internacionales, nacionales y locales para detener la trata, los tratantes en Tlaxcala siguen operando y el sistema de justicia local sigue en deuda con las víctimas. Prueba de ello son las recientes aprehensiones y sentencias dictadas en Estados Unidos o en otros estados contra tratantes tlaxcaltecas, con un nivel de impunidad local de más del 70 por ciento.
De ese modo, el Observatorio Latinoamericano ha pedido al gobierno de Tlaxcala, además de reconocer la problemática, que integre al programa estatal contra la trata la propuesta de la sociedad civil y convoque al Consejo Estatal para discutir la estrategia estatal 2021-2027.
Entre las propuestas que tiene más de una década como exigencia desde las organizaciones, destaca una política educativa que desnaturalice la explotación sexual y la formación de nuevas masculinidades, en el entendido de que no hay explotación sin hombres consumidores, pero, sobre todo, que garantice el acceso a la justicia y una estrategia de combate contra las redes de tratantes.
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