La Ley de Seguridad Interior aprobada no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales; amenaza los derechos humanos; no soluciona los problemas de inseguridad
El Colectivo #SeguridadSinGuerra exigió al presidente de la república, Enrique Peña Nieto ejercer su facultad de veto a la Ley de Seguridad Interior aprobada por el poder legislativo en sus dos instancias. Esta organización de la sociedad civil (OSC), considera que el veto presidencial debe aplicar hasta que no haya un Diálogo Nacional sobre Seguridad Ciudadana.
“Este día es uno de los más ominosos del Congreso de la Unión. Las advertencias nacionales e internacionales sobre los riesgos y retrocesos que conllevaría la vigencia de la Ley de Seguridad Interior, no bastó para que la mayoría de los legisladores federales actuaran con responsabilidad y prudencia”, cita el comunicado de Fundar, integrante del Colectivo.
En tanto, #SeguridadSinGuerra, citó lo siguiente en un pronunciamiento:
“La imposición de la Ley no está consumada. El Presidente de la República podría emplear su facultad de veto para detener la entrada en vigor de una norma que ha generado un rechazo unánime. Esto debería ocurrir dado que empeñó su palabra en la realización de un diálogo que no ocurrió. Ante la improbabilidad de que esto ocurra, sin embargo, es relevante señalar que deben activarse también otros mecanismos para revisar la constitucionalidad y convencionalidad de la la Ley, entre otros: la minoría legislativa podría presentar una acción de inconstitucionalidad; la CNDH, en concordancia con sus posicionamientos críticos sobre la Ley, también podría presentar dicha acción; y los municipios y gobernadores que en un ejercicio de soberanía entiendan que esta Ley amenaza sus facultades, también podrían interponer una controversia constitucional. La presentación de estos mecanismos es indispensable para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pueda analizar esta
norma; la responsabilidad de la SCJN es ineludible pues como quedó de relieve en el debate en buena medida fue este tribunal, con sus fallos en la década de los noventa, el que abrió el camino a la militarización del país”
“La Ley de Seguridad Interior aprobada no respeta ni la Constitución ni los tratados internacionales; amenaza los derechos humanos; no soluciona los problemas de inseguridad; no contiene contrapesos y controles para supervisar el despliegue militar extraordinario que impulsa; eleva a rango legal una estrategia en materia de seguridad que ha fallado a la largo de la última década; y trastoca profundamente la relación cívico militar, dotando de poderes sin contrapesos al sector castrense lo que conlleva un riesgo sustantivo dada la fragilidad institucional de nuestro país”.
Para descargar la postura completa: http://centroprodh.org.mx/images/pdfs/Pronunciamiento_SeguridadSinGuerra_ImposicionLSI.pdf