El gobierno de Puebla fue el único que solicitó prorroga de los 11 responsables señalados por la CNDH para emprender acciones para el saneamiento de los ríos y la reparación del daño.
En este mes de diciembre el gobierno de Puebla deberá entregar los primeros informes sobre las acciones emprendidas y programadas para el saneamiento del río Atoyac y sus afluentes y, así, cumplir con las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
La prórroga que solicitó el gobierno de Antonio Gali Fayad venció el 5 de diciembre. El reporte de la CNDH refiere que el gobernador del estado de Puebla, a través del consejero jurídico, Armando López Aguirre, solicitó una prórroga en mayo para presentar las pruebas de cumplimiento a la recomendación 10/2017 sobre la violación al derecho humano a un medio ambiente sano.
La CNDH aceptó la solicitud debido a que, en esa fecha, el gobierno aún no definía las acciones que los tres niveles de gobierno debían seguir, y estableció un plazo de seis meses para que remitiera “la documentación que acreditara el cumplimiento de dicha recomendación”.
El gobierno de Puebla fue el único de los 11 responsables señalados, entre ellos el Gobierno del Estado de Tlaxcala, por la CNDH que pidió prórroga para informar sobre las acciones para el saneamiento de los ríos y la reparación del daño de los ciudadanos que presentaron la queja por violación a los derechos a un ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información pública.
Las autoridades señaladas como responsables fueron el gobierno de los estados de Puebla y Tlaxcala; los ayuntamientos de San Martín Texmelucan y Huejotzinco del estado de Puebla y Tepetitla de Lardizabal, Nativitas e Ixtacuixtla del estado de Tlaxcala; así como las dependencias federales Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat); la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).
