Los diputados ordenaron al OFS que denuncie los malos manejos ante las instancias competentes y las responsabilidades indemnizatorias que prevé la ley
El informe de resultados de la revisión de la cuenta pública del Ejercicio Fiscal 2017 de los municipios de Hueyotlipan, Ixtacuixtla, Huamantla, Santa Apolonia Teacalco, y Quilehtla, dejó al descubierto la generación de un daño patrimonial global de 41 millones 78 mil 217.52 pesos, por incurrir en malas prácticas en la aplicación de los recursos públicos en agravio del patrimonio y hacienda municipal.
En sesión extraordinaria, los integrantes del Congreso del Estado, declararon reprobadas las cuentas públicas de esos cinco municipios, cuyas autoridades no solventaron las observaciones realizadas a la aplicación de los recursos del año pasado hechas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Entre las irregularidades localizadas, están: la falta de efectivo en caja, pagos improcedentes, falta de documentación comprobatoria, deudores diversos, omisiones con el reporte de entero del Impuesto Sobre la Renta, volúmenes pagados en exceso, vicios ocultos, falta de documentación técnica justificativa, entre otras.
En el caso de Hueyotlipan, presidido por Mauro León Garfias, se localizó un probable daño patrimonial por tres millones 167 mil 512.84 pesos que representa el 5.4 por ciento del presupuesto devengado al 31 de diciembre del año 2017 que fue de 58 millones 567 mil 645.36 pesos.
Para el caso de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, que tiene a Rafael Zambrano Cervantes como alcalde, el probable daño patrimonial representa el 14.2 por ciento del presupuesto 2017 por la cantidad 13 millones 938 mil 695.23 pesos del presupuesto 2017 que fue de 98 millones 159 mil 825.63 pesos, de acuerdo al Informe de Resultados remitido por el Órgano de Fiscalización Superior.
Ese monto no se ubicó dentro de los márgenes de razonabilidad y legalidad que exige el manejo, custodia y aplicación de los ingresos, egresos, fondos y en general de los recursos públicos, por lo que la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local propusieron la no aprobación de la cuenta pública.
El ente fiscalizable del municipio de Santa Apolonia Teacalco, que está bajo la responsabilidad de Filemón Desampedro López, generó un probable daño patrimonial por 1 millón 766 mil 276.91 pesos que representa el 7.6 por ciento del presupuesto de 2017 que fue de de los 23 millones 240 mil 485.74 pesos.
El ente fiscalizable del municipio de Santa Apolonia Teacalco, que está bajo la responsabilidad de Filemón Desampedro López, generó un probable daño patrimonial por 1 millón 766 mil 276.91 pesos que representa el 7.6 por ciento del presupuesto de 2017 que fue de de los 23 millones 240 mil 485.74 pesos.
Sobre el municipio de Santa Cruz Quilehtla, presidido por Óscar Pérez Rojas, los diputados informaron que no solventó en su momento las observaciones hechas por el OFS por lo que se generó un probable daño patrimonial por nueve millones 286 mil 201.87 pesos que representa el 17.7 por ciento respecto del presupuesto devengado al 31 de diciembre del 2017 que fue de 52 millones 464 mil 417.38 pesos.
El municipio de Huamantla, presidio por Jorge Sánchez Jasso, en su carácter de Presidente Municipal, registró un monto por daño patrimonial de 12 millones 919 mil 530.67 pesos que representa el 14.61 por ciento de su presupuesto 2017 que fue de 88 millones 429 mil 368.07 pesos.
En ese caso, los diputados subrayan que “el importe devengado para la determinación del porcentaje señalado, no incluye los 46 millones 808 mil 045.54 pesos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISM), así como tampoco incluye los $104 millones 722 mil 272.59 de Participaciones e Incentivos Económicos, toda vez que forman parte de las auditorías Directas que programó la Auditoría Superior de la Federación (ASF)”, por lo que el importe de daño podría aumentar.
Ante los malos resultados en la aplicación de los recursos públicos del Ejercicio Fiscal 2017, los diputados ordenaron al OFS que de manera inmediata presente la denuncia de hechos ante las instancias competentes para que en el ámbito de su competencia conozcan y resuelvan sobre la posible responsabilidad penal en la que hayan incurrido los servidores públicos de los municipios antes mencionados.
Además, indicaron que esos registros contables generan “la presunción fundada de desvío de recursos públicos en agravio del patrimonio y hacienda pública” de los municipios, situación que afectó gravemente sus finanzas y que redundó en una deficiente prestación de los servicios públicos que constitucionalmente tienen encomendados.
