El llamado forma parte de la recomendación general 33/2018 sobre el derecho de las personas privadas de su libertad a mantener contacto con el exterior
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación general 33/2018 dirigida a los gobiernos estatales, para que garanticen el derecho de las personas privadas de la libertad a mantener la vinculación con el exterior, tras detectar que en los penales federales y locales no existen espacios ni procesos que permita a los presos y presas gozar del derecho humano a la interacción, pese a su condición legal.
La recomendación dada a conocer esta mañana indica que en los Centros de Rehabilitación Social (Ceresos) “no es regular autorizar” las visitas íntimas, además de que para las visitas familiares las autoridades imponen requisitos excesivos o difíciles de cumplir.
Tlaxcala está dentro de los 22 estados de la República que impide la libre convivencia de las presas y presos con sus familiares o parejas sentimentales, y está entre los 56 centros penitenciarios cuyos requisitos imposibilitan el ejercicio de ese derecho, junto con Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Zacatecas.
Del mismo modo, las cárceles de los estados recomendados carecen de servicios y espacios adecuados para el desarrollo de las mujeres internas generando “una situación de desigualdad”.
“Se puede confirmar que los internos e internas de bajos recursos económicos reciben a sus visitas únicamente en las áreas comunes, toda vez que por utilizar las mesas de la sala de visita familiar de la institución se pagan cantidades diversas, motivo por el cual tienen que permanecer parados”, refiere el informe.
De ese modo, la CNDH recomienda al gobierno del estado de Tlaxcala, atender de manera diligente todas las actividades relacionadas a la vinculación con el exterior de los internos e internas en los centros penitenciarios.
“Esta recomendación tiene como objetivo establecer parámetros para corregir las limitaciones impuestas al derecho a la vinculación con el exterior”, concluye.
