La legislación aún no contempla la violencia política como un tipo de violencia por razón de género; durante la elección del 1 de julio se reportaron 106 casos de violencia contra las mujeres.
Con escenarios completamente distintos se desarrollaron los procesos electorales en Puebla y Tlaxcala, estados que registraron el mayor y menor número de casos de violencia política y violencia política por razón de género.
De acuerdo al Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) el estado de Puebla reportó 89 casos de violencia política y 15 casos de violencia política contra las mujeres, lo que lo colocó en la primera posición de los estados con mayor incidencia en estos delitos.
En contra parte, durante el proceso electoral concurrente en el estado de Tlaxcala el pasado 1 de julio reportó 5 casos de violencia política y ninguno de violencia política por razón de género, lo que la colocó como la octava entidad con el menor número de casos.
En general el ONC refiere que el proceso electoral que vivió la sociedad mexicana entre el 8 de septiembre de 2017 y el 1 de julio de 2018 ya se conoce como el periodo electoral más violento que haya tenido nuestro país. Durante los meses del periodo electoral se registraron 774 agresiones a políticos que participaron en esta contienda, 152 de los cuales, fueron privados de la vida.
De 83 agresiones en febrero pasamos a 774 actos violentos acumulados hasta el día de los comicios.
Respecto a los casos de violencia política contra las mujeres la cifra nacional fue de 106 casos colocando a los estados de Guerrero, Puebla y Oaxaca a la cabeza con 18, 15 y 13 incidentes.
En México, la Ley General en Materia de Delitos Electorales aún no tipifica la violencia política de género. Como antecedente, en 2016 se publicó el Protocolo para la Atención de la Violencia Política contra las Mujeres en razón de género y, el 9 de marzo de 2017, el Senado aprobó el proyecto de decreto por el que se reforman diversos ordenamientos, a fin de prevenir, atender y sancionar dicho delito, así como promover y proteger los derechos político-electorales de las mujeres, indica el informe.
Por último, el ONC refiere que México tardó 42 años en lograr la paridad en los poderes legislativos federales y locales.
