La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades en el uso de recursos públicos federales entregados al gobierno de Tlaxcala. Representan posibles daños al erario por 712 millones 566 mil 400 pesos, según informes de los resultados de la revisión de la cuenta pública 2021.
La auditoría de cumplimiento 2021-A-29000-19-1832-2022, sobre la revisión de las participaciones federales entregadas a Tlaxcala durante el 2021, año que compartieron los gobiernos de Marco Antonio Mena Rodríguez y Lorena Cuéllar Cisneros, revelan que el gobierno estatal no cumplió con las reglas para contratar obra pública, adquisiciones, arrendamientos y servicios, por lo que deberá aclarar el uso de los 712.5 millones.
El desglose de la Auditoría Superior
En el desglose, la ASF indica que se emitieron 54 observaciones, de las cuales, 23 no se aclararon. Esto generó 12 promociones de responsabilidad administrativa contra funcionarios. En 20 de las 54 no se detectaron irregularidades y 11 se solventaron.
Según la ASF, hay un monto por aclarar y probable daño patrimonial por 524 millones 188 mil 914 pesos por falta de documentación comprobatoria y justificativa del gasto ejercido por el Organismo Público Descentralizado (OPD) Salud de Tlaxcala. Además, 57 mil 46.52 pesos sin comprobar por pagos con las participaciones federales para los salarios de 29 trabajadores que forman parte de la plantilla laboral de la Secretaría de Educación Pública (Sepe). Y 474 mil 602.09 pesos por pago con recurso federal a 11 trabajadores que contaban con licencia sin goce de sueldo de la Sepe.
Hay una observación por 87 millones 705 mil 210.60 pesos por no proporcionar información comprobatoria sobre la entrega de bienes y servicios. De un millón 933 mil 498.64 pesos y 2 millones 693 mil 189.50 pesos sin documentación comprobatoria sobre dos contrato de servicios. Y 2 millones 70 mil 426 pesos por la entrega de beneficios para alumnos sin documentación comprobatoria.
La Auditoría Superior además observó probable daño por 9 millones 862 mil 677 pesos por la falta de documentación sobre la transferencia de recursos a partidos políticos. Así como 82 millones 348 mil 474 pesos por 622 pólizas de pagos a diputados del Congreso. Por ello, la auditoría solicita la comprobación del gasto que los diputados hicieron en temas de salud, deporte, ayudas, cultura, construcción y empleo, entre otras.
De ese modo, la ASF concluyó que «el gobierno del estado de Tlaxcala, no realizó una gestión eficiente de los recursos de Participaciones Federales (PFEF 2021), apegada a la normatividad».
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