Llevarán el caso por desaparición forzada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Alto Comisionado del Comité de Organizaciones Unidas para los Derechos Humanos.
La última diligencia que las autoridades estatales realizaron para buscar a la menor desaparecida Karla Romero Tezmol, fue en el mes de mayo de 2016, refirió Miriam Pascual Jiménez, coordinadora de Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social de la Red Retoño.
«Nos llevamos la sorpresa de que la última diligencia que se realizó fue en mayo de 2016, a partir de entonces no ha habido ninguna acción ni de búsqueda ni de investigación, es algo que hemos venido insistiendo, la falta de coordinación, no hay claridad respecto a los términos de la exigencia de las víctimas», dijo en entrevista.
Mencionó que lo anterior forma parte de un esquema que las víctimas de desaparición en Tlaxcala denunciaron esta tarde durante el Foro de Escucha Puebla-Tlaxcala; sin embargo, la activista considera que existe un número alto de casos que no son denunciados o que son olvidados por las autoridades locales.
«No hay seguridad jurídica respecto a cómo debe de actuar la procuraduría, y eso se refleja en el asunto de Karla. Si este es el caso más emblemático en el estado y el único caso de desaparición forzada y el que les ha dado dolores de cabeza, tanto a la anterior como a la actual administración, ¿qué pueden esperar las otras familias que no tienen para pagar asesores jurídicos ni tienen las herramientas necesarias para defender y exigir los derechos de sus hijas desaparecidas?»
Por tal motivo, Miriam Pascual anunció que en marzo de 2019 el caso de Karla Romero se llevará a la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), así como al Comité de la Organización de las Naciones Unidas por desaparición forzada a través de la acción urgente que pretende concretar la audiencia con el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU.
En el ámbito local, Miriam Pascual señaló que no existen «muchas expectativas» por parte de las víctimas sobre el gobierno de Marco Antonio Mena y el acceso a la justicia.
«Como la madre de Karla señaló, desde que inició la administración hemos solicitado audiencia con el gobernador, no para asuntos personales o políticos, sino para explicarle las omisiones de la PGJE en el caso de Karla, que deben ser corregidas y que detectamos a lo largo de los años, y es la fecha que no ha logrado concretar esa audiencia», concluyó.
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