El Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla declaró el pasado 12 de abril cumplida la sentencia emitida en febrero de 2022 sobre el amparo 134/2021 y que resolvió que no es necesaria la consulta a los pueblos originarios de la demarcación, lo que significa que las concesiones otorgadas a las filiales mexicanas de la minera de capital canadiense Almaden Minerals han sido canceladas y no es factible volvérselas a otorgar en el territorio de este municipio.
Acorde a la información facilitada por el Consejo Tiyat Tlali, la Unión de Comunidades y Ejidos en Defensa de la Tierra, del Agua y de la Vida Atcolhua, en el Centro de Análisis e Información (Fundar), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario y el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural (Cesder), el pasado 12 de abril, la comunidad nahua y ejido de Tecoltemi tuvo conocimiento del acuerdo del Juez Segundo de Distrito a través del cual declara cumplida la sentencia emitida el 9 de febrero pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De este modo, en estricto cumplimiento a la sentencia, la Secretaría de Economía declaró que no es factible otorgar los títulos de concesión minera Cerro Grande y Cerró Grande 2, por no ajustarse a la Ley Minera y a su Reglamento.
Con ese fundamento, el juzgado llegó a la conclusión de que la sentencia fue cumplida en sus términos la ejecutoria del amparo, reconociendo que la autoridad responsable consideró que no era factible expedir los títulos solicitados, así, es innecesario que se lleve a cabo el procedimiento de consulta a la comunidad indígena, de ahí que, también sea innecesario transitar el tercer efecto de la ejecutoria del 16 de febrero del año 2022, pronunciada por la primera sala de la SCJN.
Como lo publicó El Sol de Puebla, con este acuerdo, legalmente, se cierra la batalla que inició este pueblo originario indígena hace más de ocho años en la defensa de sus derechos y su territorio y de este modo, el trabajo organizado entre pueblos indígenas y organismos no gubernamentales que emprendieron una lucha que «derivó en la cancelación de las concesiones mineras impugnadas como consecuencia del reconocimiento de la violación a los derechos de los pueblos indígenas dejando antecedentes de relevancia para otros pueblos y comunidades que viven la imposición del modelo extractivo minero en sus territorios».
Acorde a la información proporcionada por los mismos organismos promotores del amparo, estas acciones también sumaron que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) realizaron evaluaciones de impacto social y ambiental a través de los cuales establecieron que no es factible el otorgamiento de concesiones mineras en este municipio «por ocasionar graves impactos sociales, culturales, espirituales y en los derechos humanos».
«Podemos afirmar categóricamente que, Ixtacamaxtitlán es hoy un territorio libre de minería«, reaccionaron las fuentes consultadas quienes también señalaron, a través de un comunicado, la exigencia a Minera Gorrión retirarse de forma inmediata del municipio y abstenerse de realizar cualquier tipo de actividad dentro del territorio.
También solicitaron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), así como a las instancias correspondientes, vigilar y sancionar cualquier actividad ilegal por parte de esta minera, en esta demarcación. También llamaron a la Secretaría de Economía a respetar la decisión y los resultados de las evaluaciones de impacto social y ambiental para no otorgar nuevas concesiones.
