El Índice del World Justice Project, que refleja como Guerrero, Baja California Sur, Estado de México, Sonora y Puebla, están reprobados en ocho índices sobre estado de derecho.
El diputado local del Partido del Trabajo (PT), José Juan Espinosa Torres, señaló que dicha calificación refleja las malas políticas del gobierno de estado para garantizar una correcta aplicación de las leyes, principalmente en materia de seguridad.
Señaló que la Fiscalía General del Estado (FGE), Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP), fueron superadas en impartición de justicia, que por eso se buscará en el Congreso del Estado la renuncia de los mandos altos en materia de seguridad pública.
“Puebla ocupa los primeros lugares en los órganos con mala impartición de justicia, hay una crisis en materia de justicia y también de manera institucional, tenemos áreas que están rebasadas”.
La propuesta anterior fue secundada por el líder del Poder Legislativo y coordinador de los diputados locales del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Gabriel Biestro Medinilla, quien afirmó que no se trata de un oportunismo político, sino de buscar mecanismos para garantizar un verdadero estado de derecho.
Agregó que el Congreso del Estado, a través de la coalición Juntos Haremos Historia, da las primeras señales de que en Puebla mejorarán las cosas a través de leyes que beneficien a los poblanos, que no deben caracterizarse por una incorrecta aplicación de justicia.
“No es cuestión de oportunismo político, desde cuando solicitamos la renuncia de esta gente que no funciona, solo pedimos que lo que no funciona, se cambie. No tiene nada de malo este tipo de propuestas”.
Finalmente, la coordinadora de los diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Rocío García Olmedo, señaló que Puebla y el Congreso del Estado tienen un reto para mejorar la calificación en materia de justicia social.
Mencionó que el estudio deja un mal sabor de boca, pero enfatizó que la correcta aplicación de leyes no es la única respuesta al problema, sino que también se requieren de partidas presupuestales para atender diversas áreas enfocadas al estado de derecho.
“Claro que deja un mal sabor de boca y ahora tenemos un reto por delante. Viene el presupuesto 2019 y debemos analizar cómo lo integraremos de manera correcta en cada una de la áreas para garantizar la correcta aplicación de las leyes”.
El estudio mencionado contempla los siguientes temas: Límites al poder gubernamental; Ausencia de corrupción; Gobierno abierto; Derechos fundamentales; Orden y seguridad; Cumplimiento regulatorio; Justicia civil, y Justicia penal.
Cabe señalar que Guerrero, Estado de México y Sonora son gobernados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), mientras que Baja California y Puebla por el Partido Acción Nacional (PAN).
