Bajo la premisa de garantizar el acceso a la justicia y precisar funciones al interior del Poder Judicial, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Procuración y Administración de Justicia aprobaron, por unanimidad, diversas reformas a la Constitución Política del Estado de Puebla.
La presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la LXI Legislatura del Congreso del Estado, Mónica Silva Ruiz explicó que con esta reforma se pretende garantizar el acceso a la justicia y que este derecho de las y los ciudadanos no se dificulte por algún tema administrativo al interior del Poder Judicial.
En su intervención, la diputada señaló que la representación legal del Poder Judicial ya no recaerá únicamente en la presidencia del Consejo de la Judicatura; ahora, las representación jurídica de cada órgano jurisdiccional recaerá en sus titulares.
La iniciativa fue propuesta por los integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, tiene el objetivo de precisar los alcances de las funciones del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que exista armonía entre la separación de éstas, tal y como lo prevé el nuevo modelo para la organización de éste Poder en Puebla.
Con la reforma aprobada en Comisiones, se precisan las funciones de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial; además, se detalla que la administración del presupuesto del Tribunal Superior de Justicia, la Sala Constitucional y el Tribunal de Justicia Administrativa corresponderá al Consejo de la Judicatura.
Como parte de la reforma, se modifica la denominación de los órganos jurisdiccionales encargados de resolver asuntos en materia laboral, se les nombrará Tribunales Laborales y estarán integrados por un juez conforme a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado.
Además, se establece la prohibición de que los presidentes del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Justicia Administrativa y la Sala Constitucional integren o presidan el Consejo de la Judicatura, con el propósito de garantizar su autonomía frente a los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial.
En los transitorios de estas reformas se estableció la creación de una Comisión Implementadora, que sea transitoria y plural, integrada por representantes del Consejo de la Judicatura, del Tribunal de Justicia Administrativa, del Tribunal Superior de Justicia y de la Sala Constitucional, así como representantes del Congreso del Estado y del Poder Ejecutivo de tal forma que funjan como órgano que apoye al Consejo de la Judicatura en la implementación de la reforma judicial aprobada en octubre del año pasado.
Previo a la votación de las reformas, la diputada Mónica Rodríguez Della Vecchia celebró las modificaciones realizadas respecto a la Comisión Implementadora y explicó que esta agrupación será la encargada de aprobar el plan de trabajo y el plazo en el que funcionará.
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