El presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, José Juan Espinosa precisó que dejarían de recibir 300 millones de pesos para diversas actividades.
Un total de 100 municipios son condicionados con recursos públicos por parte del gobierno estatal, luego de apoyar la controversia constitucional para evitar se publique la Ley de Seguridad Interior que se avaló en 2017.
Así lo denunció el diputado local del Partido del Trabajo (PT), José Juan Espinosa Torres, tras señalar que no revelará el nombre de los municipios, para evitar que los alcaldes sigan con algún tipo de presión.
Argumentó que en su mayoría son ediles emanados del bloque del PT, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Partido Encuentro Social (PES), son los condicionados con el apoyo económico.
Alrededor de 100 municipios se han visto amenazados por el gobierno del estado para firmar un convenio que garantice la intervención de este organismo en materia de seguridad. Este convenio retiraría de los recursos municipales un aproximado de 300 millones de pesos, (…) pic.twitter.com/AzS4kE6ycG
— José Juan Espinosa (@JoseJuanEsp) 13 de noviembre de 2018
El diputado local puntualizó que se quitaría el 1 por ciento de participaciones federales y 3 por ciento del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, que en conjunto serían 300 millones de pesos por todas las regiones.
Mencionó que estas presiones provienen de Carlos y Nacer Ruiz, quien se desempeñó como director del DIF Estatal en el sexenio del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas.
“Dicen a los alcaldes que no actuará la Policía Estatal en los convenios de colaboración, que significan esos convenios, pues quitarle recursos públicos en materia de seguridad que son para los alcaldes”.
Cabe señalar que en diciembre de 2017 se avaló esta Ley de Seguridad Interior, pero no se encuentra promulgada en el Periódico Oficial de la Federación, hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resuelva la queja en contra sobre esta reforma.
Proponen donar a BUAP fracción de Ex Hospicio
En la misma rueda de presa, se anunció que el bloque de Juntos Haremos Historia se opondrá a la petición del gobernador Antonio Gali Fayad, para enajenar el Ex Hospicio ubicado en Reforma 710, donde se pretende construir una plaza comercial.
Durante la reunión celebrada con el rector de la #BUAP, se hizo entrega de la propuesta para donar a dicha institución el edificio ubicado en Reforma 710 para convertirlo en un Centro Cultural, misma que fue bien recibida por el Doctor Alfonso Esparza. #LeyesDeBien pic.twitter.com/O5t4j7WZry
— José Juan Espinosa (@JoseJuanEsp) 13 de noviembre de 2018
La diputada local del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Olga Lucia Romero Garci-Crespo, tras señalar que pedirán al mandatario poblano, que mejor done el edificio a la BUAP.
Señaló que tuvieron platicas con el rector de la Máxima Casa de Estudios, Alfonso Esparza Ortiz, quien señaló que en caso de lograr dicha donación, el edificio se ocuparía para temas culturales.
“Es un edificio histórico del cual nos oponemos se ocupe como un centro comercial y mejor pediremos que se ocupe para cosas culturales. Hay propuesta del rector para que todos los alumnos se vean beneficiados con este proyecto”.
Explicó que el tema pasará por las comisiones de Hacienda y Transparencia, donde insistió se rechazará la enajenación y se pedirá al mandatario poblano, que mejor done el edificio a la universidad.
Cabe señalar que la propuesta de enajenación se presentó el 3 de septiembre a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), donde se explica que el predio tiene una extensión de 7 mil 226 metros cuadrados.
El argumento de enajenar el predio, es porque es oneroso su mantenimiento tras los daños que tuvo por el sismo del temblor de 2017.
