Gobiernos y grupos privados limitan a organizaciones civiles.
Para la consolidación del “poder civil” en México nos hace falta más fuerza y organización por parte de los ciudadanos, consideró Manuel Molano, director general adjunto del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al referir que en el país –120 millones de habitantes– existen cerca de 60 mil organizaciones; mientras que en Chile –18 millones de habitantes—hay alrededor de 100 mil asociaciones civiles.
Durante su participación en la conferencia la conferencia Nuevos Gobiernos, ¿Nuevos Ciudadanos? El Papel de la Sociedad Civil Frente al Cambio Político 2018, expuso que son tres los retos que enfrentan las sociedades civiles: la sustentabilidad financiera, la regulación que entorpece la labor de los ciudadanos –ya que se necesita una gran cantidad de papeleo y número de registros que solo dificultan la estabilidad de estas sociedades-, y por último, la falta de promoción al voluntariado.
Destacó que entre los logros de la sociedad civil está la creación del Instituto Federal Electoral (IFE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Banco de México (Banxico), Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI); y más recientemente la Ley “3 de 3” y el Sistema Nacional Anticorrupción, “no fueron iniciativas de políticos, si no exigencias de la sociedad”.
En lo anterior coincidió, Enrique Cárdenas Sánchez, fundador de Sumemos y académico de la IBERO Puebla, quien señaló que actores políticos limitan a los movimientos sociales, que no siempre son tomados en cuenta. “En la sociedad civil tenemos nuestros límites, pues no siempre son tomados en cuenta, los logros son años de lucha, a veces crees que convences a legisladores, funcionarios, llegas a acuerdo y a la hora no se cumplen porque prevalecen intereses de otra índole muy lejanos a los de los ciudadanos”, expresó.
Solo de esa manera, dijo, se explica que el Sistema Nacional Anticorrupción no este establecido como debe ser, pues no hay disposición real de luchar contra la corrupción.
Necesario que AMLO dialogue con organizaciones
En su intervención, Fernando Ríos Martínez, secretario ejecutivo de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos (Red TDT) señaló que en materia de derechos humanos y seguridad “sólo hemos escuchado muchas ocurrencias y políticas públicas que no están del todo conformadas” por parte del nuevo gobierno federal, pese a los altos niveles de impunidad e inseguridad en el país.
En ese sentido, expuso que la Red TDT busca la derogación de la Ley de Seguridad Interior pues profundiza la estrategia fallida contra el crimen organizado el papel y el despliegue de las fuerzas militares en seguridad pública.
Entre los registros de casos de violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas que tienen, refirió: 118 personas fueron desaparecidas por las fuerzas armadas, 392 fueron torturadas y 91 ejecuciones extrajudiciales. Consideró que en vísperas del cambio de gobierno, México se encuentra en una encrucijada, pues mientras los militares hacen un uso excesivo de la fuerza, tampoco se tiene policías adecuados para cuidar la seguridad y la integridad de la población.
Lo anterior, sostuvo, debido a que el número de homicidios dolosos no ha parado de crecer, a la fecha se registran 32 mil casos, pero para el cierre de 2018 expertos estiman que la cifra aumente a 35 mil. Por ello, Ríos Martínez reiteró la exigencia de organizaciones civiles de dialogar con el nuevo gobierno, para cambiar el paradigma militar, “no podemos seguir bajo este estándar, es un momento importante para cambiar”.
