Defensores y activistas aseguran que esta resolución del caso enmascara a los verdaderos culpables materiales e intelectuales .
A pesar de que el asesinato del defensor de la tierra Manuel Gaspar Rodríguez ocurriera luego de amenazas de muerte por la labor vinculadas a sus actividades en pro de la defensa de los derechos de las comunidades indígenas de la sierra nororiental, la Fiscalía General del Estado (FGE) ha atribuido el móvil del crimen a “un asunto personal” con lo que ha cerrado el caso. Hoy integrantes de media decena de organizaciones condenaron el anuncio y denunciaron que el expediente se resolvió a espaldas de la familia, las organizaciones y la comunidad y sin el ánimo de procurar justicia, por lo que exigieron a la Fiscalía no dar por “resuelto” este homicidio y actuar con objetividad y profesionalismo para allegarse a la verdad.
En el pronunciamiento hecho público señalaron que la detención de un presunto homicida del defensor Manuel Gaspar, no resuelve en sí el móvil del delito, ni la autoría material e intelectual del crimen.
En rueda de prensa llamaron a la FGE y al titular Gilberto Higuera Bernal “a conducirse con objetividad” en el proceso de investigación para hallar a responsables materiales e intelectuales del homicidio Manuel, agotar todas las líneas de investigación y no descartar a priori, que su muerte estuviera relacionada con su labor de defensa de los derechos humanos.
Violeta Valdés Alcántara, integrante del el Centro De Derechos Humanos Antonio Esteban, aseguró que la FGE con esta simulación de resolución del caso deja fuera a los verdaderos culpables, pues la línea de investigación sobre el activismo y labor de defensa de los derechos humanos que en vida realizó Manuel Gaspar Rodríguez en favor de pueblos y comunidades indígenas en el contexto de la defensa del territorio, debido a concesiones y permisos entregados a empresas mineras principalmente, ya que su labor de defensor afectó intereses privados y públicos ha sido descartada.
“La declaración de la Fiscalía en el sentido de que el móvil del asesinato de Manuel Gaspar Rodríguez, es un asunto personal que no tiene relación con su labor de defensor de derechos humanos, es precipitada y poco objetiva, ya que el presunto responsable, en primer término, no ha sido vinculado a proceso, y tampoco se ha cerrado el periodo de investigación complementaria, lo cual significa que el Fiscal no ha formulado acusación y no se ha llegado a la etapa de juicio oral en donde se desahogarán las pruebas que pueden corroborar la hipótesis de la Fiscalía y la responsabilidad del imputado.
Por lo tanto, esperamos que de ser vinculado a proceso el imputado, la Fiscalía General del Estado de Puebla, en la etapa de investigación complementaria, agote todas las líneas, con el objetivo de garantizar los derechos humanos de acceso a la justicia, a conocer la verdad, a la reparación integral del daño y el castigo a los responsables materiales e intelectuales”, sostuvieron activistas en un pronunciamiento.
Este posicionamiento del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular, el Centro De Derechos Humanos Antonio Esteban, la organización Defensa Estratégica En Derechos Humanos y la Coordinadora Nacional Plan De Ayala Movimiento Nacional, ocurre luego de que la FGE anunció este martes la detención de Isau N a quien responsabilizó del asesinato del defensor de la tierra y lo redujo el móvil a un “asunto personal” .
Asesinato de Gaspar luego de amenazas por “grandes intereses”
El defensor de la Tierra Manuel Gaspar integrante del Movimiento Independiente Obrero, Campesino, Urbano y Popular (MIOCUP) fue asesinado el 14 de mayo de 2018, en Cuetzalan del Progreso, pero antes de su homicidio, el recibió amenazas de muerte vía telefónica, vinculadas a sus actividades en pro de la defensa de los derechos de las comunidades indígenas de la sierra nororiental del estado de Puebla. La primera, a pocos días de haber sido asesinado el compañero Antonio Esteban Cruz, quien también lucho a lado de las comunidades por la defensa de la tierra y el agua.
Desde 2013, Manuel Gaspar Rodríguez, se integró al Movimiento Independiente Obrero Campesino Urbano Popular (MIOCUP) adherido a la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional (CNPA-MN) para informar a las comunidades indígenas sobre sus derechos y de manera organizada promover acciones para la defensa del territorio y de lucha contra la minería a cielo abierto en la región nororiental de Puebla.
Semanas antes del homicidio, desde el Centro de Derechos Humanos Antonio Esteban, Gaspar, impulsó la lucha por el cierre de un “relleno sanitario” convertido en basurero que se encontraba ubicado en la comunidad de Cohuatichan, municipio de Cuetzalan, Puebla, que desde 2015, la autoridad municipal se había negado a cerrar, a pesar de las normas establecidas por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Esta última acción afectó intereses de la administración municipal, ya que pasó de receptor de pagos por el uso que hacían particulares y autoridades del relleno sanitario, a destinar recursos para que el Municipio de Cuyoaco, recibiera la basura que se genera en Cuetzalan.
El homicidio de Gaspar Rodríguez generó la condena de organizaciones ambientalistas, indígenas, sociales y organismos defensores de Derechos Humanos, asimismo, se sumaron a la exigencia para la procuración de una investigación eficaz que permitiera esclarecer el crimen y castigar a los responsables materiales e intelectuales, dicha exigencia y respaldo fiscal suscrito por más de un centenar de organizaciones internacionales y nacionales sociales y defensoras de derechos humanos; como Amnistía Internacional, la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura, la Federación Internacional de Derechos Humanos, el Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría” de la Universidad Iberoamericana Puebla, la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, entre otras en un claro reconocimiento a su labor.
