Esos actos comenzaron después de los resultados del proceso electoral del 1 de julio, porque apoyó al ahora presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
La directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Tenancingo, Micaela Guzmán Guzmán denunció actos de violencia en su contra por parte del presidente municipal, Daniel Martínez Serrano, a quien señaló como responsable de obstaculizar su función, humillarla y atribuirle faltas de manera injustificada.
Por lo anterior, solicitó la intervención de los integrantes de la LXIII Legislatura, para que tome cartas en el asunto y evitar que esta situación derive en despido injustificado o que escale a otro tipo de agresiones en su contra.
Comentó que ella fue parte del equipo de campaña del ahora presidente municipal de Tenancingo que es de extracción panista, por lo que después de resultar ganador fue contratada en el área del SMDIF; no obstante, en el proceso electoral del 1 de julio decidió apoyar a los candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República, y después de los resultados el alcalde comenzó con una actitud violenta en su contra. Dijo que el disgusto del presidente municipal fue por haber optado por una opción diferente a sus preferencias políticas, lo que ha derivado en diversas situaciones de agresión en el entorno laboral.
Desde entonces y hasta la fecha han sido varios los casos de violencia, agresiones y descortesías en su contra, que han obstaculizado de manera directa en el desarrollo de su encomienda, pues no le ha aceptado oficios para atender asuntos del área; le ha atribuido faltas de manera injustificadas, se ha negado al diálogo, e incluso ha humillado y menospreciado su trabajo de manera abierta.
Denunció que en esta misma actitud se han mostrado el secretario del Ayuntamiento, la Tesorera y el director de Seguridad Pública Municipal, quienes de igual manera se han negado a atender sus peticiones, además de adoptar posturas intimidatorias, retadoras y violatorias de sus derechos humanos. Consideró que esas actitudes son propias de una violencia laboral de género, lo cual está establecido en distintos marcos normativos y tratados internacionales, debido a que se ha vulnerado su dignidad como mujer y como servidora pública.
