La intención de la ley es regular el uso racional, eficiente y disciplinado de los recursos financieros que se autoricen en el Presupuesto de Egresos 2019.
En lo general y en lo particular, los integrantes del Congreso del Estado aprobaron la Ley de Austeridad, Racionalidad, Probidad y Disciplina en el manejo del Presupuesto Público del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, con lo que deberán ajustarse los salarios de los servidores públicos, quedarán canceladas las pensiones de retiro a magistrados, diputados y al gobernador, se limitará el uso de escoltas y la adquisición de automóviles, entre otras limitaciones, restricciones y prohibiciones.
El dictamen con proyecto de decreto fue presentado por Comisiones Unidas de Finanzas y Fiscalización y la de Puntos Constitucionales, Gobernación, Justicia y Asuntos Políticos, y fue avalada en su totalidad por los diputados que conforman la alianza “Juntos Haremos Historia” que integra a los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), del Trabajo (PT) y Encuentro Social (PES), a los que se sumaron los integrantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD), alcanzando así 18 votos en lo general y 19 votos a favor en lo particular. Mientras que hubo cinco votos en contra en lo general y seis votos en contra en lo particular de los diputados de los Partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC), Verde Ecologista (PVEM) y Nueva Alianza (Panal).
En ese sentido los diputados Zonia Montiel Candaneda y Omar Milton López Avendaño, del PRI y PAN, respectivamente, aseguraron que con la aprobación de esa ley únicamente “pretenden someter a los Poderes Ejecutivo y Judicial, organismos autónomos y municipios” al pretender que sea el Congreso del Estado el que autorice el catálogo de precios unitarios, lo que refleja “el sello autoritario y dictatorial de Morena, PT, PES y PRD”, pasando por alto las disposiciones legales y constitucionales respecto al manejo, vigilancia, control y fiscalización de los recursos públicos.
No obstante, con la mayoría de votos de los integrantes de la LXIII Legislatura la Ley de Austeridad entrará en vigor a partir del año 2019 y será aplicable al Presupuesto de Egresos de esa misma anualidad, conforme a lo que establecen los artículos transitorios.
De esa manera, se estableció que “no se otorgarán pensiones de retiro o bonos de conclusión de mandato o periodo de gobierno o encargo, al titular del Poder Ejecutivo Estatal; a los Diputados integrantes del Congreso del Estado y a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia Local; ni a los funcionarios de los poderes públicos estatales, de los órganos autónomos y de los municipios”.
También, se ordena que realice un ajuste a las retribuciones económicas que perciban los servidores públicos; quedará prohibido que los servidores públicos paguen servicios médicos privados y recibirán los beneficios del sistema público de seguridad social que proporcione el Estado; también se eliminarán las plazas de mandos medios y superiores cuya existencia no tenga justificación y habrá una disminución en el gasto de contratación de personal eventual en áreas que no sean sustantivas para la prestación de servicios.
Quedó establecido con esa ley que podrán disponer de escolta de seguridad únicamente los servidores públicos con alta responsabilidad en materia de seguridad pública, de procuración de justicia, y el titular del Poder Ejecutivo, o cuando peligre la vida de algún servidor público.
Además, en el Capítulo de Materiales y Suministros y Servicios Generales, se estableció la creación de un Catálogo Único de Productos y Servicios por cada ente público, el cual será de observancia obligatoria para éste y los proveedores, como referente de los precios de mercado.
Sobre los gastos de difusión, los diputados establecieron que se ajustarán a lo estrictamente indispensable para dar cumplimiento a los fines informativos, educativos o de orientación social cuya difusión se determine necesaria, con excepción de la difusión en materia de programas de protección civil, salud y seguridad pública.
También quedará prohibida la adquisición de vehículos cuyo costo sea superior a tres mil veces la Unidad de Medida y Actualización, para uso personal de los servidores públicos.
