Organizaciones civiles de 14 estados dieron a conocer este martes la Red por la Ciudadanización de la Justicia.
Con una calificación general de 5.8 de 10 puntos, los poderes judiciales de Tlaxcala, Querétaro, Yucatán, Baja California, Campeche, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca, han juzgado casos de violencia contra las mujeres sin perspectiva de género.
Así lo dio a conocer la Red por la Ciudadanización de la Justicia conformada por 14 organizaciones civiles estatales, entre ellas, el Colectivo Mujer y Utopía de Tlaxcala.
Del análisis de 110 sentencias emitidas por los ocho poderes judiciales en materia familiar y penal, la red encontró que en el 85 por ciento de los casos, no se analizó la influencia del género en los hechos violentos del conflicto; del mismo modo, las activistas señalaron que el 84 por ciento de las resoluciones, los jueces no lograron explicar sus sentencias ni cómo el género impactó en ellos.
Reunidas en Casa Lamm de la Ciudad de México, a través de redes sociales dieron a conocer que en el 84 por ciento de las sentencias emitidas en los últimos tres años por los poderes judiciales estatales, los juzgadores no emitieron medidas de reparación del daño para mujeres víctimas.
Asimismo, en el 70 por ciento de los casos las pruebas fueron valoradas sin perspectiva de género y en el 69 por ciento no emitieron órdenes de protección por falta de análisis sobre los riesgos de la víctima.
Las activistas identificaron que en el 64 por ciento de las sentencias no se reconoció de manera integral los derechos de las víctimas, y en el 79 por ciento no se ubicó el derecho afectado de las mujeres, necesario para reconocer el tipo de violencia de género, mientras que en el 71 por ciento no existe medidas de seguimiento de las sentencias.
Con el lanzamiento de la Liga por la Ciudadanización de la Justicia, las organizaciones se han comprometido a impulsar la participación ciudadana en el poder judicial para lograr que las sentencias sean más justas para las mujeres.
Los resultados negativos contrastan con los 617 millones de pesos que los poderes judiciales han empleado para capacitar e incorporar la perspectiva de género, comentaron.
«Es importante que se dé la ciudadanización de la justicia, que los poderes asuman esta responsabilidad social que tienen, hemos visto cómo la omisión de promover, de transparentar sus sentencias ha provocado la existencia de una sociedad que desconoce sus derechos y desconoce los mecanismo para ejercerlos (…), la red pugna por establecer, mas allá de una justicia abierta, un camino de doble vía con los poderes judicial, por un lado, con apertura y, por el otro, una ciudadanía que participe activamente», señalaron.
