Este #8M por un aborto seguro y sin estigmas; por ti, por todas
Aproximadamente, cada año ocurren 33 millones de embarazos no deseados en el mundo, según la OMS. Las mujeres se embarazan sin desearlo por diferentes razones, mismas que no dependen de ellas, por ejemplo: por violación, fallas, desabasto o necesidad insatisfecha de los métodos anticonceptivos y la falta de acceso a servicios de planificación familiar, en general. En los países de bajos ingresos, la falta de anticonceptivos afecta a 6 de cada 10 mujeres, de acuerdo el informe de Ipas LAC “10 datos de salud pública para entender la importancia de despenalizar el aborto”.
Rumbo al 8M, es necesario recordar que las maternidades impuestas y no deseadas son violencia de género.
En el caso de México, 3 de cada 10 personas jóvenes no tienen acceso a anticonceptivos por razones económicas o de distribución, mientras que la cobertura anticonceptiva alcanza de manera insuficiente a estas poblaciones:
· 44.5% de mujeres adolescentes
· 58% de mujeres indígenas
· 64% de mujeres rurales
En América Latina y el Caribe, de manera general, las tasas de prevalencia de métodos anticonceptivos son de 74% y 61%, respectivamente, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas.
“Los embarazos forzados o no intencionados son una forma de violencia de género, pues solo las mujeres y personas con capacidad de gestar los enfrentamos. Estos son resultado, entre otros factores, de la deficiente educación integral de la sexualidad, el acceso insuficiente a métodos anticonceptivos y la agresión física, verbal o manipulación para tener relaciones sexuales. Estos embarazos son consecuencia de contextos que vulneran a niñas, adolescentes, mujeres o personas con capacidad de gestar” señaló María Antonieta Alcalde Castro, directora de Ipas LAC.
Forzar a una mujer a maternar en soledad, obligarla a asumir la maternidad porque el método anticonceptivo falló o normalizar el embarazo adolescente son ejemplos de violencia de género.
La falta de legislación y acceso a un aborto seguro violenta a las mujeres y personas con capacidad de gestar, al restringir su autonomía y acceso a oportunidades.
Ipas México, en el documento “Violencia sexual y embarazo infantil en México: un problema de salud pública y derechos humanos”, evidencia cómo las adolescentes embarazadas, en comparación con quienes lo hacen después de los 20 años, tienen más probabilidad de no encontrar trabajo, no tener derechohabiencia y no recibir educación.
Estos datos se relacionan con la violencia estructural, que es el conjunto de opresiones que se generan desde las estructuras sociales, como la política, las leyes, la religión, las normas culturales, entre otras que beneficia a ciertos grupos sociales, mientras que representa desventajas para otros, como el racismo, la discriminación y la exclusión. Esto se ve reflejado en la violencia contra las mujeres y niñas, que afecta en mayor medida a quienes viven en contextos de alta desigualdad, violencia extrema y limitaciones para el acceso a servicios y a la justicia (CEPAL, 2021).
El aborto es una posibilidad de romper con los círculos de violencia estructural.
Esta violencia también limita sus posibilidades de decidir si desean un embarazo y cuándo lo quieren, así como su búsqueda de servicios de salud, lo cual impacta en su salud sexual, reproductiva, perinatal y materna. De acuerdo con el documento de Ipas México, los niveles exacerbados de miedo y control, así como la violencia en sus relaciones de pareja, se asocian con la incapacidad para acceder a servicios de anticoncepción que les permitan la prevención de un embarazo no deseado.
Un estudio multipaís de la OMS, sobre salud de la mujer y violencia domeìstica en 2005, mostró que las mujeres que experimentaron violencia en sus relaciones de pareja presentaron mayores niveles de embarazo no deseado, en comparación con aquellas que no estaban en una relación violenta.
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