Así lo consideró, Miguel Calderón Chelius, coordinador de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la IBERO Puebla.
Los programas de transferencias del nuevo gobierno federal, que buscan beneficiar a más de 30 millones personas, no serán suficientes para alterar la estructura de pobreza del país, pero el aumento al salario mínimo sí, siempre y cuando también haya un crecimiento en la generación de empleo.
Así lo consideró, Miguel Calderón Chelius, coordinador de la licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la IBERO Puebla, al señalar que la política social más importante que ha realizado el presidente Andrés Manuel López Obrador es el incremento al salario mínimo dentro del análisis sobre los 100 días de su gobierno.
Y es que, consideró que los programas no están siendo planeados y diseñados a fondo, así como que el padrón de beneficiarios se está construyendo sin ningún tipo de criterio técnico y operativo que garantice que sea efectivo.
Lo anterior, opinó, debido a que el nuevo gobierno tiene aversión a la medición, pues no parte de un diagnóstico que plantee cómo se van a impactar los programas de apoyo a las comunidades.
En ese sentido, destacó que un problema grave de la nueva administración es que no hay una propuesta de reforma fiscal, pues “se ató” a no aumentar impuestos, lo que es clave para contar con recursos para instrumentar la reactivación de la economía y financiar programas sociales; sin embargo, una vía alterna para lograr esto, dijo, es evitar la evasión fiscal de los grandes corporativos.
Debe resolver corrupción de manera institucional
El catedrático de la Universidad Iberoamericana campus Puebla avaló la duplicación de las pensiones a adultos mayores, dotándolas de un espacio de autonomía “pequeña”, pero que con la precariedad de ingresos en este país significan mucho, pues varios “están teniendo que trabajar por propinas, ni siquiera por un salario”.
No obstante, reprobó la disminución de recursos en ciencia y tecnología, así como la cancelación de los programas de estancias infantiles y de protección a mujeres, bajo el supuesto de la existencia de corrupción en éstos.
“El gobierno tiene un problema porque está cancelando programas porque encuentra corrupción, pero si encuentra corrupción en todo, va a cerrar todo. Lo que tenemos que buscar es la forma de resolver institucionalmente, sin tirar la orina con todo y la bacinica”, expresó.
Al respecto, Nadia Castillo, coordinadora de la Maestría en Gestión de Empresas de la Economía Social consideró necesaria la creación de una Ley de Inclusión que derive en políticas de gobierno y públicas.
“No hay verdaderamente una política de fomento económico que cambie la base productiva de empresas, mientras no se produzcan bienes de capital difícilmente podremos transitar a este desarrollo lineal”, expresó.
Indicó que si bien para recibir los programa de la Secretaría del Bienestar se toman en cuenta que los beneficiarios habiten en zonas con altos niveles de marginación y violencia, adolecen del marco regulatorio que le compete al poder Legislativo.
“Si no hay una Ley de Inclusión difícilmente se podrá transitar hacia políticas de gobierno que atiendan los problemas; la entrega en mano de estos programas de bienestar, está rompiendo con el intermediarios, pero también poniendo en una lógica de blanco y negro a organizaciones de civiles que también coadyuvan a la sociedad”, acotó.
Megaproyectos carecen de manifestaciones de impacto
En su intervención, Claudia García Marañon, coordinadora de la licenciatura de Ciencias Ambientales y Desarrollo Sustentable, subrayó que los megaproyectos como el Tren Maya o el Proyecto Integral Morelos están causando conflictos ambientales, pues carecen de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), pero ya fueron aprobados en consultas ciudadanos en las que ha ganado el sí.
Sin embargo, manifestó que existe una fuerte oposición de las comunidades involucradas, las cuales son dejadas de lado en las consultas, las cuales tienen una parte política y económica.
“Los megaproyectos son grandes obras con inversiones millonarias, proyección de desarrollo económico y social, pero se deja a un lado la parte ambiental dentro de estos proyectos, aunque la normativa exige las manifestaciones de impacto, el gobierno federal no cumple en valorar la viabilidad ambiental generando una gran movilidad social”, expuso.
A ello sumó que las consultas carecen de “mucho” sustento legal, lo cual ha generado dudas en las comunidades involucradas, por lo que dijo el reto es generar propuestas sustentables.
