La posición del organismo se fijó tras la aprobación del Cabildo de una iniciativa para enviar al Congreso y reformar el decreto de creación del Soapap para que el ayuntamiento presida el consejo.
Agua de Puebla Para Todos (Concesiones Integrales), consideró un riesgo financiero que se municipalice el servicio de distribución de agua y drenaje y que el Ayuntamiento de Puebla presida el consejo de administración tal y como plantea la iniciativa de reforma al Decreto de Creación del SOAPAP aprobada por el Cabildo capitalino.
La empresa, a la que se le concesionó el servicio por 30 años en la administración de Rafael Moreno Valle, indicó que al cambiar al presidente del consejo del Soapap – actualmente encabezado por el gobierno del estado – Banobras podría cancelar anticipadamente el contrato de deuda y requerir el pago inmediato de un monto mayor a mil 590.7 millones de pesos.
“Con la iniciativa, el municipio asume la responsabilidad por el Crédito que Banobras otorgara al SOAPAP con la solidaridad del Gobierno del Estado, pues BANOBRAS podría hacer efectivo anticipadamente el término contractual. Y el Gobierno Estatal dejaría de hacer frente al pago que ha realizado históricamente. El saldo del crédito BANOBRAS al 28 de febrero de 2018 es de $1,590’791,713.90.”
Además se señala que: “Con estos créditos y aportaciones de otros municipios a un fideicomiso, SOAPAP construyó infraestructura que presta servicios hídricos a habitantes de diversas demarcaciones municipales.”
Al criticar la iniciativa, Agua de Puebla enlistó que las consecuencias serán negativas porque se generaría grandes problemas:
1.- Se perdería la coordinación intermunicipal que tiene el Gobierno del Estado, por lo que cada municipio tendría que resolver la situación de la prestación de los servicios de agua y saneamiento sin infraestructura propia para hacerlo. Y se perdería el apoyo del Gobierno del Estado.
2.- Puebla asumiría los gastos operativos del saneamiento de toda la zona metropolitana.
3.- Tendría que repartirse entre los Municipios la infraestructura común que se construyó con el Plan de Desarrollo Regional Angelópolis con las aportaciones de todos ellos, lo que afectaría la prestación de los servicios a más de 700,000 habitantes.
4.- Mucha infraestructura está construida en predios propiedad del Gobierno del Estado, por lo que estaría en riesgo la posición y operación de los mismos.
5.-El municipio no tiene un diagnóstico preciso de la situación de la prestación de los servicios en la zona metropolitana, no tiene un inventario de la infraestructura y no ha considerado la afectación presupuestal para asumir las responsabilidades que ocasionaría la iniciativa., por lo que se generaría un daño al erario público municipal de aprobarse el punto de acuerdo.
C) Para presentar esta iniciativa se requiere la coordinación con la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, para la elaboración de un dictamen que haga la estimación del impacto presupuestario que tendrá para el municipio la iniciativa. No hacerlo viola el artículo 16 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.