Poco ha pasado en Puebla con la Ley Vicaria desde su aprobación, el 15 de julio de 2022. La denuncia de María Fernanda Gil Salazar en contra de Juan Daniel Gámez Murillo, exsecretario de Infraestructura —en el periodo del finado exgobernador Miguel Barbosa—, demostró que las mujeres y sus hijos siguen desprotegidos ante la violencia vicaria.
A dos años de que en Puebla se tipificó como delito el que los hombres instrumentalicen a sus hijos para causarles daño a sus exparejas, a Gámez Murillo se le ocurrió retener, tras una convivencia, a su hijo de siete años; luego, denunció a María Fernanda por maltrato infantil, para darle vuelta a la denuncia que ella había interpuesto contra él por sustracción de menor; encima, la acusó de robo de una camioneta que él le había obsequiado cuando vivían juntos.
Si no se establece, en el expediente de la denuncia de ella, que se trata de violencia vicaria, la averiguación previa 8197/2024/Tehuacán quedará sepultada, y el niño permanecerá con el exfuncionario estatal, quien ostentó un cargo de primer nivel en una administración pública y ahora ejerce un evidente tráfico de influencias.
Otra mujer en situación similar es Ivonne Daniela Flores Mustre, víctima de violencia vicaria desde hace seis años. Ella ha sido llamada a juicio hasta cuatro veces, porque su expareja David N. (un francés radicado en Puebla), la denunció falsamente por abuso sexual en contra de su hija para poder quitársela.
La defensa legal de Ivonne Daniela, integrante de la Colectiva de Amorosas Madres Contra La Violencia Vicaria (CAM CAI), estuvo a cargo de la abogada y activista feminista Cecilia Monzón. Tras el feminicidio de ésta, el 21 de mayo de 2022, Ivonne Daniela ha enfrentado muchos tropiezos para que se incluya el término de “violencia vicaria” en su carpeta.
Andrea Lezama Bonilla, quien actualmente es representante de la Colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria, fue la primera mujer en Puebla que pudo recuperar a su hijo después de siete años; así mismo, logró que su violentador fuera vinculado a proceso con prisión preventiva por violencia vicaria mientras se le dicta una sentencia.
Andrea es una de las cinco mujeres que han logrado que este tipo de violencia sea castigada o por lo menos visibilizada en su carpeta de investigación. Sin embargo, los casos de violencia vicaria no cesan, así que hay que nombrarla a diario en nuestras conversaciones, en nuestros textos y en nuestros activismos.
Andrea acompañó a la proponente legislativa, Aurora Sierra Rodríguez, en el proceso para que la violencia vicaria fuera tipificada como delito. Lamentablemente, Aurora falleció a los 35 años de un infarto. El pasado 10 de agosto fue su primer aniversario luctuoso.
Ojalá, en el inicio de la próxima legislatura, haya una mujer que retome lo trabajado por Aurora Sierra respecto a la Ley Vicaria. Es urgente ante la falta de capacitación del personal de los ministerios públicos y juzgados para no revictimizar a las mujeres que sufren violencia vicaria. También, ante la falta de campañas mediáticas para impulsar la lucha en contra de este tipo de violencia.
Ciertamente, Aurora merece un homenaje de reina. Su labor incansable por los derechos de las mujeres es indudable y trascenderá en la historia de Puebla. Por desgracia a un año de su muerte fue recordada por unas cuantas personas en sus publicaciones de redes sociales.
Este 15 de agosto, a las 10:30 am, la Colectiva por las Mujeres de Puebla, que encabeza mi querida Chuy Casas Hernández, convocó a rendir tributo al legado de Aurora Sierra Rodríguez, en el Congreso de Puebla, en donde estará la diputada electa Norma Pimentel, una mujer con amplia trayectoria en los temas de mujeres y quien podría retomar la Ley Vicaria.
¡Insurrectas en pie de lucha! Si tocan a una, respondemos todas.
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