La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos no ha eximido al presidente electo, Donald Trump, de enfrentar la sentencia por el caso Stormy Daniels, a solo 10 días de asumir el cargo.
En una decisión anunciada este jueves, los jueces votaron cinco a cuatro en contra de suspender la audiencia programada para este viernes por el juez Juan Merchan, quien planea imponer la pena por los 34 delitos de falsificación de facturas, registros contables y cheques, de los cuales fue declarado culpable por un jurado popular en mayo del año pasado.
Al convocar la audiencia, Merchan insinuó que se inclinaba por una exención incondicional, es decir, dejar los delitos sin castigo, más allá del reproche jurídico y político que conlleva ser el primer presidente estadounidense condenado.
Tres de los magistrados conservadores del Supremo fueron nombrados por el propio Trump en su primer mandato y habían apoyado al republicano en otras sentencias decisivas, incluida la que estableció una amplia inmunidad para los presidentes en el ejercicio de su cargo. En esta ocasión, junto a las tres juezas progresistas, se han alineado el presidente del Tribunal, John Roberts, y la conservadora Amy Coney Barrett, la última nombrada por Trump. Los otros cuatro jueces conservadores (Clarence Thomas, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh) han votado en contra de la decisión.
En su escueta decisión, los cinco jueces de la mayoría señalan que deniegan la suspensión de la sentencia, entre otras razones, porque las supuestas violaciones legales que alegaba Trump en el procedimiento “pueden abordarse en el curso ordinario de la apelación” y, en segundo lugar, porque “la carga que la sentencia impondrá a las responsabilidades del presidente electo es relativamente insustancial” a la luz de la intención declarada del tribunal de eximirle de pena sin condiciones tras una breve vista virtual.
Los abogados del presidente electo presentaron una petición de 40 páginas ante el Tribunal en el que pedían como medida cautelar que suspendiese las actuaciones del juez Merchan. En su escrito, los abogados señalaban: “Obligar al presidente Trump a prepararse para una sentencia penal en un caso de delito grave mientras se prepara para liderar el mundo libre como presidente de Estados Unidos en menos de dos semanas, le impone una carga intolerable e inconstitucional que socava estos intereses nacionales vitales”. El recurso fue presentado por John Sauer, que cuando Trump asuma el cargo, se convertirá en el procurador general, el abogado del Estado que representará al Gobierno en los casos que se diriman ante el Tribunal Supremo.
Trump solicitaba que se desestimasen los cargos del caso Stormy Daniels contra él con diversos argumentos. Los recursos ante el Supremo se presentan en forma de preguntas y una de ellas pedía al Tribunal Supremo que se pronunciase sobre si la inmunidad presidencial se extiende al presidente electo en el “breve, pero crucial periodo” que va de las elecciones a la toma de posesión. Junto a ello, Trump argumentaba que no se respetó la inmunidad presidencial al juzgarse el caso. Alegaba que, aunque los hechos son previos a que asumiera el cargo por primera vez, parte de las pruebas corresponden a la época en que ya era presidente. Y, además, indicaba que mientras no se resolviese esa cuestión, el caso debía paralizarse. Esas cuestiones de fondo se dirimirán más adelante y podrían acabar anulando la sentencia de Nueva York si la mayoría conservadora se alinea entonces con Trump.
El juez Merchan rechazó el mes pasado la petición del presidente electo de que se desestimara su condena por el caso Stormy Daniels en virtud de la reciente sentencia del Tribunal Supremo que concede amplia inmunidad a los presidentes en el ejercicio de su cargo. Antes, en noviembre, se había mostrado partidario de congelar el caso y había apl azado indefinidamente la sentencia. Tras ganar Trump las elecciones, sus abogados alegaron que no se le podía condenar como presidente electo. El juez Merchan rechazó esos argumentos ―“la inmunidad del presidente electo no existe”― y Trump había fracasado también en los anteriores recursos, el último de ellos ante un tribunal de apelaciones de Nueva York este mismo jueves. Le quedaba la bala de plata del Supremo, pero no ha dado en la diana.
Trump fue declarado culpable por un jurado popular de 34 delitos de falsificación de cheques, facturas y registros contables. Pretendía con ello ocultar los pagos de 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels —para que guardase silencio y no perjudicase sus opciones electorales en las presidenciales de 2016—. La falsificación de registros comerciales se castiga con hasta cuatro años de cárcel, aunque las penas por cada uno de los delitos se pueden cumplir de forma simultánea. En casos como el de Trump ―sin contar ni su pasado ni su futuro presidencial― ya era poco probable que el condenado tuviera que ingresar en prisión. Además, el juez indicó al convocar la vista para pronunciar sentencia que se inclinaba por dejarle sin pena.
En el equilibrio de las consideraciones antes mencionadas, junto con las preocupaciones subyacentes de la doctrina de la inmunidad presidencial, una sentencia de exención incondicional parece ser la solución más viable para garantizar la finalidad y permitir que el acusado persiga sus opciones de apelación”, sostenía el juez en su decisión, en la que permitía que Trump asistiese por videoconferencia a la histórica vista de su condena, prevista para las 9.30 de la mañana, hora de Nueva York (seis horas más en la España peninsular).
Con información de El País.
Sigue la información de última hora en las redes sociales de URBANO Noticias Puebla y Tlaxcala.