Los activistas piden a la ciudadanía y los medios de comunicación seguir el caso y documentar las violaciones al debido proceso.


La Procuraduría General de la República (PGR) emprendió un proceso judicial en contra de defensores del territorio y miembros del Comité del Ordenamiento Territorial Integral de Cuetzalan (COTIC), alertaron organizaciones que consideran el hecho como una intimidación y un intento de criminalización contra de los opositores a megaproyectos en tierras indígenas.

Organizaciones sociales, como el Comité para la Libertad de los Presos Políticos y contra el fin de la Represión en Puebla, condenaron el citatorio a los miembros del COTIC como indiciados en una causa penal que no se les ha dado al conocer.

En un posicionamiento emitida a inicio de esta semana, llamaron a detener esta intentona del gobierno federal, encabezada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para imponer las condiciones de expoliación de los recursos naturales y su venta al mejor postor.

Los defensores y miembros del COTIC, que recibieron este inicio de semana la notificación para presentarse este 31 de enero de 2018 en la delegación Puebla de la PGR, son: Rufina Edith Villa, indígena e integrante de la organización Maseualsiuamej Mosenyolchicahuanij;  Álvaro Aguilar Ayón, asesor de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske;  Nazario Diego Téllez, indígena, representante del Grupo Altepetajpianij, cooperativista de la Unión de Cooperativas Tosepan Titataniske y Luis Enrique Fernández Lomelín, investigador, vecino de Cuetzalan. 

“Suponemos que se les pretende criminalizar por sus acciones de carácter legal y pacífico en defensa de su territorio en su municipio, en la Sierra Norte de Puebla. Se trata, sin duda, de un intento de presión, por medios jurídicos, incluyendo la cárcel, a algunos de los principales dirigentes de esta resistencia, y en particular del COTIC”, apunta el comunicado.

En el posicionamiento firmado también por miembros del COTIC se deja claro que los activistas han probado la legitimidad de su defensa, la han sustentado en los recursos que la propia ley prevé.

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