El objetivo del contrato original fue solamente generar las condiciones para atraer a Puebla la inversión y crear 6 mil empleos.
Por la relevancia de la noticia que el periódico Reforma publica en la edición de hoy, domingo, titulada “Favorecen empresa con estafa en Puebla”, basada en el libro LA TRAMA AUDI COMPONENDAS DE UN GOBIERNO AUTORITARIO, es importante precisar el contenido, mismo que más allá de tratarse de un tema de interés general, se aprecia en paralelo el interés de favorecer a actores políticos con proyectos futuristas.
En primera instancia cabe señalar que el medio, de manera dolosa, da a entender que únicamente fui yo quien firmó el primer contrato de desarrollo con Audi, cuando en realidad, en virtud de un acuerdo delegatorio del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, dicho contrato, cuyo contenido fue autorizado, de manera unánime, por los diputados de la LVIII Legislatura del Congreso del Estado, se firmó por ocho miembros del gabinete.
Por otra parte, es público que existen, posterior al contrato original, al menos 5 convenios modificatorios, en donde las obligaciones del Estado variaron sustancialmente a lo originalmente pactado con las empresas.
El objetivo del contrato original fue solamente generar las condiciones para atraer a Puebla la inversión que obligaba a Audi a desembolsar mil 300 millones de dólares y generar 3 mil 800 empleos directos y 6 mil indirectos.
Adicionalmente, en la fecha en que el Banco Estatal de Tierras (BET) transfirió las tierras a la empresa Audi, es decir, en septiembre de 2013 yo no ocupaba el cargo de secretario General de Gobierno, pues renuncié a principios de abril de ese año por serias diferencias con un régimen que se caracterizaba por el abuso del poder e instaurar un modelo corrupto de negocios.
Vale la pena subrayar que fue la Secretaría de Competitividad, Trabajo y Desarrollo Económico (Secotrade) quien lideró la negociación con Audi y VW, desde los términos y redacción del contrato original y sus convenios modificatorios, hasta la ejecución del mismo, incluyendo el proceso de adquisición de las tierras.
Personal de dicha dependencia fue quien negoció y acordó la compraventa con los ejidatarios en donde se instaló la planta armadora en San José Chiapa y ordenó realizar los pagos a través del BET, organismo público descentralizado, en razón de que ambas entidades cuentan con autonomía propia.
Ahora bien, en el tiempo que fui secretario, la Secotrade informó que los pagos se hicieron de manera directa a los propietarios de la tierra y sin intermediarios. Adicionalmente, casi la totalidad de las contraprestaciones fueron realizadas después de que dejé el cargo. En concreto, de los más de 180 contratos que se firmaron para la adquisición de tierras para el proyecto, únicamente se habían firmado 4 antes de abril de 2013, mes en que renuncié.
En su momento fui informado por quienes llevaban la negociación que el entonces gobernador había dispuesto que el costo de lograr atraer la inversión al Estado de Puebla no rebasara el monto de cien millones de dólares.
Si las cantidades iniciales fueron rebasadas, si las condiciones finales afectaron las finanzas públicas y hubo una disposición irresponsable de recursos o si existió especulación en la compra y adquisición de tierras, la figura de Proyectos de Prestación de Servicios, inversiones fuera de lo inicialmente planeado, sobreprecios o si se favoreció indebidamente a alguien, soy de los interesados en que se conozca la verdad y, de encontrarse y comprobarse irregularidades, que paguen los responsables.
Por esta misma razón, durante el gobierno interino, solicité a la Secretaría de la Contraloría del Estado, iniciar una investigación y eventualmente deslindar responsabilidades a quienes tuvieron la tarea de implementar el proyecto.
