Los activistas alegan que el mandatario, centrista y afín al sector empresarial, no está haciendo suficiente para reducir las emisiones de efecto invernadero.
¿Debería ser un delito de cárcel robar un retrato presidencial? ¿O se trata de un loable acto de desobediencia civil?
Varios tribunales en Francia tratan de resolver este dilema tras las protestas de un inusual movimiento ambientalista que quiere presionar al presidente, Emmanuel Macron, para que haga más para combatir el cambio climático.
Uno a uno, los activistas han sustraído los retratos oficiales de Macron de más de 130 localidades este año, desde las faldas de los Alpes a la Margen Izquierda de París. Los activistas alegan que el mandatario, centrista y afín al sector empresarial, no está haciendo suficiente para reducir las emisiones de efecto invernadero. Afirman que Francia se ha quedado atrás en sus compromisos internacionales de aumentar el empleo de energías renovables.
Los ladrones de retratos han ido a juicio en varios puntos del país, donde algunos han sido multados y otros absueltos. El juicio más reciente fue la semana pasada en Lyon, y esta semana habrá otro.
Los manifestantes no están cortados por el mismo patrón: una es profesora de matemáticas, otro trabaja para la operadora ferroviaria estatal, otro cultiva verduras orgánicas.
Los juicios en sí mismos se han convertido en debates públicos sobre la desobediencia civil, la larga tradición francesa de protestas y, por supuesto, el medio ambiente.
Francia está dividida sobre cómo y a qué ritmo recortar las emisiones a las que se atribuye el cambio climático. Macron alega que está haciendo más que la mayoría y se ha mantenido firme ante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la necesidad de que países y corporaciones colaboren para reducir las emisiones.
Sin embargo, el año pasado retiró los planes de añadir un impuesto a los combustibles, que pretendía ayudar a desenganchar a Francia de los combustibles fósiles, porque la medida desencadenó el movimiento de protesta de los chalecos amarillos contra la injusticia económica. Durante meses, se produjeron protestas que arrasaron algunas de las principales avenidas comerciales de París.
De modo que los activistas empezaron a llevarse los retratos de Macron, destronándole de forma simbólica para reclamar medidas.
Algunos de los retratos robados se llevaron a una manifestación en la cumbre del Grupo de los Siete que acogió Macron en Biarritz el pasado agosto, en un intento de abochornarle en el evento global. Portaron los retratos boca abajo, afirmando que su política climática es lo contrario de lo que necesita el planeta.
La ley francesa indica que esto puede considerarse “robo en grupo”, un delito que puede castigarse con varios años de prisión. Por ahora, ningún tribunal ha llegado tan lejos, pero los veredictos han variado.
En el primer juicio, celebrado en junio en Bourg-en-Bresse, fueron condenadas seis personas. Cinco recibieron penas en suspenso y el sexto una multa de 250 euros (280 dólares) porque ya tenía antecedentes penales.
El veredicto indicó que no estaba claro cómo podría retirar los retratos “salvar a la humanidad del desastre ecológico”, y alegó que “había otras vías abiertas para que los acusados defendieran su causa”.
Los activistas, del grupo Non-Violent Action COP21, aceptaron el fallo, pero el fiscal apeló para pedir un castigo más duro.
En septiembre, una corte en Lyon absolvió a dos activistas determinando que tenían un “motivo legítimo” y que “la crisis climática es un hecho constante que afecta gravemente el futuro de la humanidad”.
“Enfrentados a la falta de respeto del estado” con sus compromisos climáticos, indicó el fallo, “no puede reducirse la capacidad de expresión de los ciudadanos en un país democrático a los votos depositados en elecciones”.
Unas semanas más tarde, un tribunal de París multó a ocho activistas con 500 euros (560 dólares) cada uno.
Hay otros nueve juicios programados en distintos lugares del país.
