Un juez federal concedió un amparo al ex Edil de Palmar del Bravo, Pablo Morales Ugalde, que obliga a la FGR a responder su petición de desaseguramiento de bienes.
Un ex alcalde poblano que estuvo en la cárcel acusado de lavado de dinero y venta ilegal de combustible demandó a la Fiscalía General de la República (FGR) devolverle 2 inmuebles y 17 cuentas bancarias.
A más de un año de haber sido absuelto, un juez federal concedió un amparo al ex Edil de Palmar del Bravo, Pablo Morales Ugalde, que obliga a la FGR a responder su petición de desaseguramiento de bienes.
El 19 de junio pasado, el político poblano pidió a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) devolverle los inmuebles denominados La Fuente y El Hauaje, ubicados en el Barrio de San José del Municipio de Tecamachalco, Puebla.
También pidió cancelar un acuerdo del 19 de julio de 2017, con el que la SEIDO aseguró las cuentas registradas a su nombre en Banorte, con números 0128438266, 0148525379, 0575560864 y 0557609648, que registraron operaciones entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de septiembre de 2016.
Otras cuentas aseguradas son las registradas con números 0226600352, 0244836070, 0561409425, 0199520716, 0199528237 y 1436293662, que tuvieron movimientos entre el 1 de enero de 2015 y el 26 de julio de 2017.
Algunas de estas cuentas también están a nombre de Distribuidores de Combustible del Palmar de Bravo, S.A. DE C.V., de acuerdo con la FGR.
Según las investigaciones, durante el 2015 el ex Alcalde registró movimientos por más de 57 millones de pesos en sus cuentas bancarias.
El 18 de abril de 2017, las gasolineras de Morales fueron verificadas por las autoridades y, el 30 de junio siguiente, 4 de ellas fueron clausuradas en Puebla.
Morales era Presidente Municipal cuando el 3 de mayo de 2017, en una de las localidades bajo su jurisdicción, conocida como Palmarito, se registró un enfrentamiento en el que murieron 6 presuntos delincuentes y 4 militares.
En ese operativo, un soldado fue videograbado en el momento en el que ejecutaba a un supuesto «huachicolero», lo que en principio lo llevó a la cárcel, aunque después fue absuelto.
El 5 de julio del mismo año, el alcalde fue detenido por la FGR y la Marina, y enviado al Penal Federal de Villa Aldama, Veracruz. El 10 de octubre de 2018 quedó en libertad.
Debido a que la SEIDO no respondió a su solicitud de devolución de bienes, el 15 de agosto del presente año Morales presentó un amparo contra el silencio de la autoridad ministerial y la violación a su derecho de petición.
Augusto Octavio Mejía Ojeada, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, le concedió la protección de la justicia y ordenó a la SEIDO responder la solicitud del ex Edil, aunque no le impone pronunciarse en algún sentido.
