Oliver Ocampo no ha visto justicia para su familia y sus vecinos, por lo que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Oliver Ocampo Martínez no olvida que hace seis años, él y 14 personas más fueron expulsados a punta de pistola de Pueblo Viejo, agencia municipal de San Franciso del Mar, por no pertenecer al Partido Revolucionario Institucional (PRI) y votar, en esa ocasión, por el Pärtido de Unidad Popular (PUP).
Desde entonces anda errante y no recibe ni justicias ni reparación, a pesar de haber interpuesto su denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) y la Defensoría de los Derechos Humanos de Pueblo de Oaxca (DDHPO)
Oliver recuerda que todo comenzó el 14 de noviembre de 2013, cuando el agente municipal de esta comunidad ikoots (huave), Homero Salinas, un cacique priísta, no aceptó que un grupo de ciudadanos simpatizaran con el naciente PUO, por lo que incurrió en hostigamiento, violencia, decomiso de bienes y suspensión de servicios.
Finalmente, en asamblea los acusó de no realizar el tequio comunitario por pertenecer a una religión protestante. Por unanimidad se expulsó a los 15 habitantes.
Desde entonces, los desplazados vivieron por un tiempo en la cabecera municipal, Pueblo Nuevo, bajo la protección del presidente municipal del PUP, Leonel Gómez. Allí comenzaron de cero, porque en Pueblo Viejo dejaron animales y propiedades.
Seis años después, Oliver Ocampo Martínez no ha visto justicia para su familia y sus vecinos, por lo que interpuso una queja ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de las autoridades de Pueblo Viejo por el delito de desplazamiento forzado interno por violencia política.
En el oficio dirigido a la presidenta de la CNDH, María del Rosario Piedra Ibarra, solicitó que la Primera Visitaduría General ejerza la facultad de atracción, ya que se interpuso originalmente ante la Defensoría de Oaxaca.
