Además determina que en un plazo de seis meses deberán presentarse las pruebas y concluir la investigación en contra del exfuncionario.
El juez de control resolvió vincular a proceso a Adolfo E., expresidente municipal de Tlaxcala, por el probable delito de uso indebido de facultades y atribuciones, faltas cometidas cuando estuvo al frente de la alcaldía de la capital.
Para ello, el Ministerio Público presentó ante el juez al exfuncionario así como elementos de prueba que hacen suponer su participación en la comisión del delito antes señalado, sin embargo después de una larga audiencia la autoridad determinó vincularlo a proceso con lo que se investigarán a fondo las probables faltas que haya cometido Adolfo E., durante su administración municipal en el periodo 2014-2016.
Además, el juez dictó un plazo de seis meses para concluir la investigación correspondiente a la Carpeta iniciada en contra del exalcalde capitalino, además en ese espacio de tiempo se tendrán que recabar más pruebas del proceso que enfrenta el hoy imputado y así definir su situación.
El exalcalde panista enfrentará ese proceso en libertad, y estará en espera de que se presenten las pruebas y de que se celebre una nueva audiencia.
A diferencia de la extesorera del municipio de Tlaxcala, Norma S, quien fue detenida el pasado 10 de enero por elementos de la PGJE, por el delito de uso indebido de atribuciones y funciones, Adolfo E., no fue aprehendido ni llevado al Centro de Readaptación Social (Cereso), solo fue presentado ante un juez derivado del amparo que en su momento presentó, con eso enfrentará el proceso en su contra en libertad sin la aplicación de medidas cautelares.
Por el contrario, Norma fue remitida al Cereso, y puesta en libertad días después tras pagar una multa y con la condición de presentarse a firmar cada quince días ante la Unidad de Medidas Cautelares.
Es oportuno recordar que la denuncia en contra del exalcalde de la capital fue interpuesta por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) derivado de las observaciones a la cuenta pública en la que se detectó una mala administración de los recursos públicos y un probable daño patrimonial hasta por 35 millones de pesos, así como malos manejos en la construcción del polideportivo Carlos Castillo Peraza.
