LA funcionaria dijo que el objetivo no es necesariamente el negocio privado, ni la rentabilidad de unos cuantos o incluso de muchos, sino beneficiar a quienes más lo necesitan.
La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, destacó la importancia de legislar para despenalizar la siembra, el cultivo y uso lúdico de cannabis, con lo que se quitará la amenaza hacia campesinos de estar bajo el yugo del crimen organizado.
«De lo que no tengo duda es que la despenalización quitará del horizonte de vida de miles de campesinos, ejidatarios, comuneros o pequeños propietarios una espada de Damocles, una amenaza que hoy pende sobre sus cabezas y alienta la acción del crimen organizado para presionar, extorsionar o someter la violencia a los productores del campo», afirmó.
Agregó que es un avance importante que coloca la discusión del tema en la recta final, para que el Congreso pueda cumplir la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de legislar en esa materia a más tardar antes del cierre del periodo de sesiones que inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril.
Al participar en la IV Reunión Plenaria de la fracción de Morena en el Senado, indicó que el sentido y la meta de su iniciativa en esa materia es contribuir a atender un problema que ha costado mucho a la sociedad mexicana. Dicho de otra manera, también ha costado vidas humanas.
Dejó en claro que el objetivo no es necesariamente el negocio privado, ni la rentabilidad de unos cuantos o incluso de muchos, sino beneficiar a quienes más lo necesitan.
«Lo que motiva mi propuesta es la justicia social, así como el derecho de cada persona adulta a su autodeterminación y al libre desarrollo de su personalidad y, por tanto, el ejercicio de esa misma libertad en sus decisiones de consumo», añadió.
Resaltó que con base en la experiencia internacional se tienen ya más y mejores elementos para que el marco legal que va a permitir el uso medicinal, industrial o lúdico, así como el consumo de mariguana con fines recreativos, sean más sólidos.
Propuso a los senadores que se considere un modelo que regule las ventas de primera mano, a cargo de una agencia del Estado. «Esa es mi posición o sería mi posición», dijo.
