Además, acusa que el presidente del TSJE, magistrados y jueces, filtran información de los procedimientos para favorecer a “amigos”
El diputado del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alberto Amaro Corona, denunció en la máxima tribuna del estado, que en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tlaxcala, hubo venta de información sobre procesos penales en contra de ex autoridades municipales para dificultar la impartición de justicia en casos de manejos ilegales de recursos públicos y uso indebido de facultades y atribuciones.
En asuntos generales de la sesión ordinaria de este martes, el también presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Poder Legislativo local, presentó una iniciativa para exhortar al encargado del despacho de la PGJE, José Antonio Aquiahuatl Sánchez, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Héctor Maldonado Bonilla, para que eviten la filtración de información sobre investigaciones y órdenes de aprehensión giradas por anomalías en cuentas públicas.
El diputado dijo que las denuncias presentadas ante la PGJE fueron presentadas por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) por anomalías detectadas en la administración de los recursos públicos en las cuentas públicas de los municipios.
Sin embargo, aseguró que tiene conocimiento respecto a la venta de información de los procesos penales en contra de ex autoridades en la PGJE, aunque no detalló en qué casos, no obstante dijo que con esas acciones “se desvirtúa la administración de justicia y se fomenta la impunidad”.
Por lo que exigió a la procuraduría que “dejen de filtrar información respecto a las investigaciones que se llevan a cabo sobre las denuncias presentadas por el OFS en contra de expresidentes municipales violando la secrecía que debe regir la investigación de los delitos”.
Además pidió al titular del Poder Judicial, Héctor Maldonado Bonilla, y a través de él a los magistrados y jueces de lo penal que “una vez que radiquen las carpetas de investigación correspondientes se circunscriban a iniciar los procesos y procedimientos con apego a la ley sin ningún tráfico de influencias o filtración de información sobre las órdenes de aprehensión o cualquier otro que vaya en detrimento de la exigencia social de transparencia, en el castigo a los responsables de los desvíos de recursos públicos que propician la impunidad y la corrupción”.
