Tlaxcala es el segundo estado con el menor número de agresiones; registra una agresión en los últimos 8 años.
Puebla es el cuarto estado del país más peligroso para los defensores de los derechos humanos ambientales y territoriales con 47 ataques registrados durante los últimos ocho años, cuatro de ellos marcaron 2019 con el asesinato de Samir Flores Soberanes.
Aunque Tlaxcala forma parte del territorio en disputa por la construcción de la termoeléctrica del Plan Integral Morelos (PIM), la entidad registró un solo ataque contra defensores de la tierra en el periodo 2012-2018 y no reportó agresiones durante 2019.
El “Informe sobre la Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales 2019” del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), informa que durante el periodo 2012-2019 se registraron 499 ataques contra defensoras de derechos ambientales en México, con un pico de casos en 2005 y 2006 -sexenio de Vicente Fox y durante la transición con Felipe Calderón- que acumuló 107 agresiones.
De acuerdo al estudio, uno de cada dos conflictos ambientales en México se produjo en las regiones de Puebla, Oaxaca, Sonora y Estado de México habitadas por pueblos indígenas o comunidades equiparables, y es que estos cuatro estados representan el 50 por ciento de asesinatos y agresiones a defensores.
El Cemda revela que las características de los proyectos son similares en todas las regiones en conflicto: en su mayoría se trata de ecosistemas impactados por la implementación y construcción de diversos megaproyectos que implica el despojo de territorios indígenas y la extracción sin control de bienes naturales, como el agua, respaldados por los gobierno locales y federal.
El asesinato de Samir Flores Soberanes en febrero de 2019 marcó el año más agresivo contra los defensores del territorio en Puebla, Morelos y Tlaxcala debido a su oposición a la termoeléctrica de la Huexca, en el municipio de Cuautla, Morelos.
Por último, el informe señala que de las 499 agresiones registradas entre 2012-2019 en México, se identificaron 175 amenazas (38 por ciento), 84 agresiones físicas (18 por ciento), 82 casos de criminalización (17.8 por ciento), 70 de intimidación (15.20 por ciento) y 68 casos de homicidios (13 por ciento).
En el 29 por ciento de casos ocurrieron en proyectos de energía, especialmente relacionados con plantas hidroeléctricas (66 casos) y eólicas (53 casos), como sucede aún con el PIM que abarca a Puebla y Tlaxcala.
