Entre los indicadores de ingobernabilidad, que señala, están contenidos en el decreto estatal destaca la descomposición de mercados municipales.
En el decreto por el que el Ejecutivo asume el control de la seguridad púbica del municipio de Puebla hay indicadores de ingobernabilidad que podrían derivar en una solicitud de revocación de mandato de la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, si se justifican.
Así lo consideró, Juan José Hernández López del Instituto para la Gestión, Administración y Vinculación Municipal (Igavim) quien dijo que el gobierno estatal deberá presentar los documentos necesarios para acreditar los actos de corrupción e impunidad que involucrarían varias áreas del ayuntamiento para establecer las sanciones administrativas y penales.
Entre los indicadores de ingobernabilidad, que señala, están contenidos en el decreto estatal destaca la descomposición de mercados municipales que se han convertido en centros de venta de droga, prostitución, robos, pornografía y otros, los cuales “gozan de impunidad” en lo que además se vería involucrada la Secretaría de Gobernación Municipal (Segom).
Asimismo, refirió los señalamientos sobre el incremento de ejecuciones, feminicidios y la presencia de cuerpos desmembrados, por la nula labor de prevención de la Policía Municipal.
Además, resalta la presencia de células delictivas de Los Zetas, la Familia Michoacana, así como de Los Beltrán Leyva y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que se considera una “grave” amenaza de seguridad pública. Otro aspecto, es que el análisis de la incidencia delictiva que refleja que entre 2018 y 2019 un crecimiento de los delitos de alto impacto del 4.4 % por lo que se presume una nula supervisión y control en acciones de seguridad, a lo que se añaden actos de corrupción e impunidad vinculados a la corporación policial.
Hernández López añadió a lo anterior que el ayuntamiento solo ha logrado el cumplimiento de 38.18% de sus líneas de acción del programa “Ciudad Segura y Participativa” del Plan de Desarrollo Municipal de Puebla por la falta de trazabilidad, seguimiento y acumulación de impactos negativos por la falta de jerarquización de riesgos y necesidades.