Y es que tan sólo el pago de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados en los próximos seis meses, asciende a 121.9 millones de pesos.

La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) alertó sobre las consecuencias que tendrá en la operación del mecanismo el recorte presupuestal del 75 por ciento, instruido por la Secretaria de Hacienda para toda la Administración Pública Federal.

Su titular, Mara Gómez Pérez, advirtió que las medidas de austeridad publicadas en el Diario Oficial de la Federación, a través de un decreto el pasado 23 de abril, “frenarán las actividades esenciales de la CEAV y paralizará su funcionamiento”.

Aseguró que, en comparación con cualquier otra dependencia u órgano de Gobierno, la comisión resentirá un impacto mayúsculo debido a entre otras circunstancias, no es propietaria de ningún inmueble en los que opera, la mayoría de los servicios son subcontratados, gran parte del personal fue contratado —desde el origen de la institución— de manera irregular, con plazas eventuales y de outsourcing.

Además, heredados por administraciones anteriores, la CEAV enfrenta 453 juicios de amparo en su contra y 46 juicios laborales por montos millonarios.

La titular de esta Comisión señaló que pese a que argumentaron ante Hacienda que se encuentran en el supuesto de excepción señalado en el numeral 38 del Decreto sobre actividad esencial, se determinó procedente la reducción de tres cuartas partes del gasto corriente para lo que resta del año, el cual asciende a 139.4 millones de pesos, “sin considerar que esta institución tiene la obligación de garantizar, promover y proteger los derechos humanos de las personas víctimas de violaciones a derechos humanos, así como de delitos como desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura, detención arbitraria, feminicidio y trata, entre otros”.

Explicó que, tan sólo el pago de renta, agua, luz, telefonía, y otros servicios básicos contratados en los próximos seis meses, asciende a 121.9 millones de pesos.

La CEAV detalló los rubros que se verán afectados por el recorte del 75 por ciento del presupuesto disponible en los capítulos 2000 y 3000, correspondientes a Materiales y Suministros y a Servicios Generales:

  • El déficit presupuestal generado por el recorte provocará un ajuste en la nómina debido a que la mayor parte del personal es eventual o de outsourcing y, desde 2012, sus salarios son pagados con los recursos de estas las partidas con la autorización de la SHCP. Sólo en las oficinas centrales, de los 388 puestos de trabajo existentes, casi el 60 por ciento está en esta situación.
  • No será posible pagar la renta ni los servicios de agua, luz, telefonía ni Internet de las oficinas centrales ni de los 32 Centros de Atención Integral que hay en todos los estados del país.
  • El incumplimiento de 43 contratos por 121.9 millones de pesos, detonará demandas contra la institución y generará pasivos millonarios para el Estado.
  • Se perderá el alojamiento y resguardo del Registro Nacional de Víctimas (RENAVI), con todos los datos personales de más de 34 mil 215 víctimas, así como todos los servidores, computadoras e impresoras.

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