La negativa de Puebla a la encuesta, no fue la única. Tampoco se permitió el estudio demoscópico en los estados de Michoacán, Nayarit y Tabasco.
Los gobiernos de de Guillermo Pacheco Pulido y de Miguel Barbosa Huerta impidieron a la organización Causa en Común aplicar una encuesta a los policías estatales para evaluar el funcionamiento de la corporación y detectar practicas que afectan a la calidad del trabajo de los uniformados, sobre todo establecer el nivel de precariedad del salario.
La “Encuesta 2019 ¿Qué piensa la policía?”, se aplicó de mayo a noviembre de 2019. La encuesta constó de 68 preguntas para saber, por ejemplo, el salario promedio de los policías, los pagos que salen de su bolsa para poder trabajar, principalmente para la compra de botas, uniformes, fornituras, o cubrir la reparación o la gasolina de las patrullas.
La negativa de Puebla a la encuesta, no fue la única. Tampoco se permitió el estudio demoscópico en los estados de Michoacán, Nayarit y Tabasco.
Causa Común lamentó la negativa, pues con solo 28 estados evaluados, el resultado de la encuesta se pone en entredicho, pero también se señaló que en el caso de las cuatro entidades no evaluadas se sabe que son donde hay condiciones más precarias en el trabajo policial.
En el caso de Puebla, es necesario citar que la encuesta que se pidió aplicar coincide con el periodo de transición entre el Gobierno Interino que encabezó Guillermo Pacheco Pulido donde Manuel Alonso fungió como titular de la Secretaría de Seguridad, y el gobierno constitucional de Miguel Barbosa Huerta que arrancó en agosto de 2019 con Miguel Idelfonso Amezaga como secretario del área.
Cabe mencionar que a principios de este mes estalló un paro en la Policía Estatal de Puebla, precisamente por inconformidades diversas, la más importante, que por 8 años no habían recibido un incremento salarial. La huelga se prolongó casi por una semana, hasta que los uniformados lograron un ajuste de 14 por ciento a su salario base y de un 20 a su salario neto.
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LOS HALLAZGOS
La encuesta revela el abandono de las policías del país por parte de los gobiernos estatales y el federal, al detectarse bajos salarios, jornadas laborales extenuantes y necesidad de comprar con su dinero insumos de trabajo, como chalecos antibalas.
María Elena Morera, presidenta de la organización ciudadana, indicó que, gracias a este trabajo, se pudo constatar que el 51% de los elementos de seguridad ha tenido que comprar con sus propios recursos botas o calzado, el 44% ha adquirido cartucheras, el 25% tiene que pagar las reparaciones de las patrullas que utilizan y el 25% tiene que costear las balas de sus armas de fuego.
En conferencia virtual, la activista ciudadana señaló que este ejercicio estadístico también revela, entre otros hallazgos, que el 65% de los policías no tiene conocimiento sobre cómo realizar audiencias ante un juez; 52% jamás ha recibido cursos de primeros auxilios; el 34% no ha sido capacitado para manejar una patrulla; el 29% no cuenta con capacitación en materia de género y el 19% nunca ha sido instruido sobre uso de la fuerza o detención de personas.
Morera consideró que las carencias de nuestras fuerzas de seguridad, como son sus bajos salarios, se explican por la indolencia de actores políticos que han condenado a las policías al abandono: “Lo peor es que esto se ha tomado como pretexto para militarizar la seguridad pública, definición que no resolverá la crisis de inseguridad que atraviesa el país”, expuso.
Refirió que este olvido institucional es muestra de un estado de cosas “intrínsecamente corrupto e ineficaz”. Bajo estas condiciones, la activista se pregunta si en verdad alguien puede sorprenderse porque nuestros policías no puedan prevenir ni enfrentar la oleada delictiva.
Para María Elena Morera estas carencias son aún más relevantes y preocupantes debido a los recientes casos registrados sobre abusos policiales en el país, los cuales dejan al descubierto las deficiencias de los elementos encargados de la seguridad, ya que es una muestra de que no cuentan o no aplican protocolos ni mecanismos relativos a funciones policiales básicas. “La repetición de este tipo de eventos es un claro reflejo del retraso sistemático que existe respecto a los programas de profesionalización y certificación de las policías”, indicó.
María Elena Morera hizo un llamado a Alfonso Durazo Montaño, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para cumplir con el cambio constitucional aprobado para la creación de la Guardia Nacional, que claramente estipula que, seis meses después de promulgada la ley, todas las corporaciones del país deberían presentar un diagnóstico de sus policías, así como un esquema de fortalecimiento, lo que no ha sucedido.
Además, expresó su preocupación porque no existe presupuesto para echar a andar el Nuevo Modelo de Policía y Justicia Cívica que, supuestamente, sería el modelo para seguir en este sexenio.
La presentación de la “Encuesta 2019 ¿Qué piensa la policía?” fue comentada por Luis de la Barreda, expresidente fundador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, así como por Héctor de Mauleón, escritor y periodista.
De la Barreda remarcó la importancia que tiene la policía como institución que cuida la seguridad pública del país, y criticó el desprecio a los policías por parte de las autoridades. “Creo que un país como México que ha despreciado [tanto] a la policía está pagando las consecuencias con la alta incidencia delictiva que tenemos al no haber formado policías altamente profesionales”.
