El anuncio se ha producido en una rueda de prensa en Manzanillo, el principal puerto comercial del Pacífico mexicano, como parte de la gira que ha realizado esta semana en las regiones más inseguras del país.
El presidente de México justifica la decisión ante el aumento de la llegada desde China de precursores sintéticos para fabricar fentanilo. Andrés Manuel López Obrador ha agregado este viernes una nueva tarea a las Fuerzas Armadas.
El presidente de México ha dado a conocer que el Ejército y la Marina asumirán el control y la vigilancia de los puertos y aduanas marítimas y terrestres para combatir la corrupción, el contrabando y el narcotráfico. “Vamos a limpiar los puertos y las aduanas en el país”, ha dicho el mandatario. La medida ha sido anunciada en Colima, uno de los Estados más violentos de México, y después de varios meses en los que el Gobierno ha detectado una aumento del tráfico desde Asia de elementos para la fabricación del fentanilo.
Este opiáceo sintético es después enviado a Estados Unidos, un país que ha sufrido de una severa epidemia relacionada con esta droga. El anuncio se ha producido en una rueda de prensa en Manzanillo, el principal puerto comercial del Pacífico mexicano, como parte de la gira que ha realizado esta semana en las regiones más inseguras del país.
El mensaje del presidente se da también unas horas después de la llegada de Emilio Lozoya, extraditado desde España por delitos cometidos durante su gestión en Petróleos mexicanos, que ha levantado grandes expectativas por un acuerdo de colaboración que ha pactado con la Fiscalía mexicana y que promete revelar varios actos de corrupción durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
La presencia de la Marina y el Ejército se extiende a las aduanas y a los puertos, a falta de una notificación oficial, donde se combinan el componente comercial y de seguridad.
Manzanillo, por ejemplo, es una de las principales puertas comerciales a Asia, pero también uno de los puntos clave del narcotráfico para recibir precursores sintéticos desde China para fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas.
El puerto, donde se movieron más de 33,5 millones de toneladas de productos importados y exportados tan solo en junio pasado, ha sido señalado también como una de las principales causas de la inseguridad en el pequeño Estado de Colima, que suele estar a la cabeza en los ránkings de violencia per cápita en el país por la pugna entre grupos del crimen organizado y su poca población, que no rebasa el millón de habitantes. “Esto explica por qué los atentados, los homicidios en Colima”, ha recalcado López Obrador. Intensificar el combate militar de contrabando marítimo y el tráfico de drogas es un tema que se ha fraguado desde hace meses en la agenda del Gobierno.
“La vía de entrada del fentanilo que va a EE UU es básicamente Lázaro Cárdenas [Michoacán] y en Manzanillo”, dijo Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, en una entrevista con este periódico en mayo.
“Tenemos que ver que las importaciones de fentanilo lleguen a las farmacéuticas porque están pasando las aduanas y después los mandan a los carteles”, agregó Nieto, sobre el aumento del uso legal e ilegal del fentanilo en ese país durante la pandemia, utilizado por médicos para anestesiar pacientes y por cada vez más usuarios como droga dura.
Horacio Duarte, encargado de aduanas y uno de los hombres cercanos al presidente, dijo que su oficina mantendrá las tareas fiscales en los pasos marítimos y terrestres, que representó ingresos al país por más de 30.000 millones de dólares en 2018. López Obrador ha dicho que se ha quitado de su cargo a varios directores de las 49 aduanas del país y ha detallado que seis están siendo investigados.
Está por verse si la estrategia de militarizar las garitas comerciales rinde frutos, un plan que hasta el momento no ha frenado la ola de violencia en México, después de registrar casi 35.000 asesinatos el año pasado, la cifra más alta desde que empezaron los registros en 1997.
“Desde la Secretaría de Marina Armada de México le refrendamos nuestro compromiso de garantizar la seguridad, protección de los mares y control de los puertos mexicanos”, ha dicho el secretario de Marina, Rafael Ojeda.
La inclusión de militares en el control aduanero no es nuevo en México, donde ha sido común que marinos recalen en cargos administrativos. En 2009, por ejemplo, el entonces presidente Felipe Calderón hizo una purga de más de 1.400 agentes aduaneros señalados por corrupción y los militares se dedicaron a supervisar la transición y la vigilancia, mientras llegaban los reemplazos.
La cruzada contra la corrupción, sin embargo, es un nuevo guiño que profundiza la militarización del país, un proceso que ha avanzado durante el Gobierno de López Obrador.
Tras cancelar la nueva terminal aérea de Texcoco, uno de los proyectos estrella de Peña Nieto, el presidente encomendó en el inicio de su Administración la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, una antigua base militar, al Ejército. Además, el Ejecutivo ordenó el año pasado la creación de la Guardia Nacional, una nueva corporación de corte castrense, que ha asumido el grueso de las tareas de seguridad pública ante la crisis de violencia que atraviesa el país desde hace más de una década.
Las asignaturas de la Guardia Nacional incluyen desde el resguardo de los hospitales durante la pandemia del coronavirus hasta la contención de la inmigración irregular desde Centroamérica.
Tras la sospecha de corrupción en las obras del aeropuerto de Texcoco, el Ejército ha tenido más presencia en la vida pública y ha avanzado como agente económico al encargarse de la construcción de las obras y programas insignia de este Gobierno, como Santa Lucía y el programa de reforestación Sembrando Vida.
La Marina y el Ejército cuentan con la aprobación de ocho de cada diez mexicanos, según datos oficiales, y la creación de la Guardia Nacional ha sido bien recibida por los Gobiernos estatales, que suelen estar rebasados en el combate a la delincuencia organizada. Pero académicos y organizaciones civiles critican la opacidad de las Fuerzas Armadas en las licitaciones públicas y alertan de violaciones de derechos humanos y al debido proceso cuando los militares salen a las calles para ocuparse de las tareas de seguridad.
