El inculpado alega que se violaron sus derechos por permanecer preso de delitos que no cometió
El exdirector de la Policía Estatal Acreditable, José Jorge López Pérez, solicitó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y Ofendidos de Tlaxcala su reconocimiento como víctima por la violación a sus derechos humanos y la reparación del daño.
Lo anterior, luego de haber sido acusado de orquestar cuatro secuestros exprés en 2015; sin embargo, fue absuelto recientemente tras permanecer encarcelado por más de un año.
Vía oficio, el exmando oficial también demandó la designación de un asesor jurídico para que lo asista y le brinde la orientación necesaria.
López Pérez, pidió la reparación “oportuna e integral del daño” causado por la violación a sus derechos humanos, y que sea inscrito en el Registro Estatal de Víctimas y Ofendidos y al Registro Nacional de Víctimas con el propósito de esclarecer la violación a sus garantías.
En el cuerpo del oficio, que vía sus representantes legales fue entregado ante la autoridad competente, explica que el 21 de enero de 2015 fue detenido por policías de Investigación adscritos a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) acusado de cometer al menos cuatro secuestros exprés.
Fue en ese momento que iniciaron las violaciones a sus garantías, toda vez que fue sometido a tortura para conseguir que se declarara culpable, lo que fue confirmado con los resultados de la aplicación del Protocolo de Estambul ordenado por la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
“Fue a proceso por dicho delito; sin embargo las averiguaciones previas consignadas estaban plagadas de irregularidades, circunstancia que se demostró durante la tramitación de dichos procesos penales, por lo que el suscrito fue absuelto en todos y cada unos de los procesos judiciales”, señala en el oficio.
Por los motivos expuestos anteriormente, López Pérez, solicitó su reconocimiento como víctima al Estado, ya que le provocaron no solo daños físicos, emocionales, sino también su libertad al permanecer encarcelado por más de un año por un delito que no cometió y que no fue demostrado por las autoridades, así como dañar su imagen, afectar su vida familiar y laboral.
